Fiscalía acusa formalmente al alcalde de Villa de Leyva por concusión y prevaricato
Resumen
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción. El mandatario, quien permanece bajo medida de aseguramiento desde mayo de 2026, es señalado de exigir dinero y beneficios contractuales a una empresaria a cambio de tramitar una licencia de construcción. En el mismo proceso fue acusado el particular Juan Camilo Sánchez Torres, quien habría recibido pagos irregulares como asesor tras la intermediación del alcalde.
La investigación detalla que el mandatario presionó a la representante legal de una empresa para contratar a Sánchez Torres y posteriormente solicitó 112 millones de pesos, equivalentes al 20% del valor del trámite urbanístico. Ante la negativa de la empresaria, el alcalde habría expedido una resolución para negar la licencia y, adicionalmente, impuso una multa de 232 millones de pesos al proyecto. El ente acusador sostiene que estas actuaciones administrativas constituyeron represalias directas por no acceder a las exigencias económicas.
Este caso se suma a otra imputación formulada en enero de 2026 contra Gamboa por presuntas irregularidades en la contratación pública y violación del régimen de inhabilidades. El alcalde, quien llegó al cargo mediante una coalición de los partidos Liberal, Conservador y ASI, ha negado su responsabilidad en los hechos. El proceso penal avanza ahora hacia la etapa de juicio oral, donde se evaluarán más de 100 elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
Análisis Político
La estrategia del mandatario local se basó en el uso del poder administrativo para coaccionar al sector privado, utilizando la capacidad de otorgar licencias y sancionar proyectos como herramientas de extorsión. Esta conducta refleja una instrumentalización de la Secretaría de Planeación para fines personales, lo que erosiona la confianza institucional y la seguridad jurídica en el municipio. La construcción de la narrativa por parte de la Fiscalía se apoya en pruebas técnicas, como audios y registros bancarios, que buscan desvirtuar la defensa del alcalde, quien intenta desmarcarse de la responsabilidad técnica de las licencias.
El gran perdedor es la legitimidad de la administración local y la coalición política que respaldó su elección en 2023, al verse involucrada en múltiples escándalos de corrupción. Por otro lado, la Fiscalía gana terreno en su política de lucha contra la corrupción territorial al lograr la acusación formal con un acervo probatorio robusto. La narrativa del ente acusador posiciona al alcalde como un actor que priorizó el beneficio económico sobre el interés público, mientras que la defensa del procesado se limita a negar los cargos, enfrentando un desgaste político irreversible ante la opinión pública.
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