El expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. La diligencia, realizada bajo la Ley 600, marca la vinculación formal del exmandatario al proceso judicial tras décadas de investigaciones. Durante la jornada, Uribe defendió su inocencia, calificó las acusaciones como una persecución de sus adversarios políticos y vinculó este proceso con la reciente condena de su hermano, Santiago Uribe. La Fiscalía basó parte de su cuestionario en el testimonio reciente del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue interrogado días antes en una diligencia reservada. Mancuso, aunque ha señalado previamente la existencia de órdenes desde la Gobernación de Antioquia, declaró en esta ocasión que no le consta que Uribe hubiera ordenado o respaldado directamente la incursión en El Aro. Por su parte, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, insistió en la responsabilidad del expresidente y criticó la postura de sectores políticos que han cuestionado la competencia de la Fiscalía para llevar el caso. La defensa del expresidente intentó aplazar la diligencia argumentando la necesidad de estudiar a fondo las declaraciones de Mancuso, a pesar de haber participado en la entrevista previa. El proceso continuará con al menos dos sesiones adicionales de indagatoria, tras las cuales el ente investigador determinará si formula cargos formales. Este caso se desarrolla en medio de una intensa disputa jurídica sobre si la competencia recae en la Fiscalía o en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Análisis político

La estrategia política de Uribe se centra en la victimización y la deslegitimación del sistema judicial, enmarcando los procesos en su contra como una retaliación de sus adversarios políticos, incluyendo al expresidente Gustavo Petro. Al apelar a la 'persecución' y al dolor familiar por la condena de su hermano, busca mantener la cohesión de su base electoral y presentar los hechos como un ataque a su legado de 'Seguridad Democrática'. Esta narrativa busca transformar un proceso penal técnico en un conflicto de legitimidad política. En este escenario, el uribismo pierde terreno al verse obligado a defenderse en múltiples frentes judiciales, mientras que sus opositores capitalizan la visibilidad de los testimonios de exparamilitares para erosionar su capital político. La construcción de narrativas es divergente: mientras la defensa de Uribe insiste en la falta de pruebas directas y la politización de la justicia, los sectores críticos y las víctimas utilizan los testimonios de excomandantes para consolidar la tesis de una responsabilidad institucional durante su gobernación. El resultado final dependerá de la capacidad de la Fiscalía para sostener el caso bajo el escrutinio público y jurídico.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1997, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La diligencia, realizada bajo la Ley 600, marca la vinculación formal del exmandatario al proceso judicial que investiga su gestión como gobernador de Antioquia y posibles vínculos con grupos paramilitares. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien rindió testimonio previo, fue interrogado sobre estos hechos, aunque en varios puntos señaló que no le consta la participación directa de Uribe. Durante su llegada al búnker de la Fiscalía, Uribe defendió su inocencia y calificó las acusaciones como parte de una persecución orquestada por sus adversarios políticos. El expresidente vinculó este proceso con la reciente condena de su hermano, Santiago Uribe, y reiteró que su actuación pública siempre buscó el beneficio de la nación. Por su parte, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, sostuvo que existen pruebas suficientes sobre la participación del exmandatario en los crímenes investigados y criticó la postura de sectores políticos que han cuestionado la competencia de la Fiscalía en este caso. La diligencia se extendió por cuatro horas y se espera que continúe en dos sesiones adicionales para completar el interrogatorio. La defensa del expresidente intentó previamente aplazar la diligencia argumentando la necesidad de analizar el testimonio de Mancuso, aunque finalmente el proceso avanzó. Este caso representa un hito judicial al abordar hechos ocurridos hace tres décadas, mientras persiste una disputa sobre si la competencia para juzgar al exmandatario recae en la Fiscalía o en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Análisis político

La estrategia de Uribe se centra en la victimización política, enmarcando los procesos judiciales como una retaliación de sus adversarios, lo que le permite mantener la cohesión de su base electoral bajo una narrativa de persecución institucional. Al mismo tiempo, el uso de la Ley 600 y la disputa sobre la competencia del tribunal revelan una táctica de dilación jurídica que busca trasladar el debate a escenarios donde el control político es más factible, como la Comisión de Acusación. En este evento, el capital político de Uribe se ve erosionado por la acumulación de sentencias contra su círculo cercano y el avance de testimonios de exparamilitares, mientras que las víctimas ganan visibilidad en su búsqueda de verdad. La narrativa del expresidente, que intenta desmarcarse de cualquier vínculo con el paramilitarismo mientras cuestiona la legitimidad de sus acusadores, contrasta con la postura de los representantes de las víctimas, quienes buscan consolidar la competencia de la Fiscalía para evitar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.