El exministro de Economía, Félix de Vicente, anunció el retiro de su postulación a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La decisión se produjo tras las críticas recibidas por sus declaraciones en una entrevista radial, donde afirmó que la controversia sobre la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores era un asunto político ajeno a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. El impacto público de sus dichos obligó al candidato a dar un paso al costado para evitar que la polémica afectara la imagen del gremio empresarial. En su declaración pública, De Vicente sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y aclaró que su comentario se refería exclusivamente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y no a la gravedad de los delitos sexuales. El exsecretario de Estado reiteró sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos y enfatizó que los delitos contra menores son de extrema gravedad. Aseguró que su renuncia busca priorizar la estabilidad institucional sobre sus aspiraciones personales ante los desafíos que enfrenta el país. La salida de De Vicente reconfigura la carrera por la sucesión de Susana Jiménez en la multigremial, cuya elección está programada para el 17 de diciembre. La competencia queda ahora centrada en Richard von Appen, expresidente de la Sofofa, y Antonio Walker, timonel de la SNA, mientras se evalúa la posible participación de otros actores. La banca, sector que impulsaba la candidatura de De Vicente, pierde así a su representante oficial en la contienda electoral.

Análisis político

La estrategia observada en este evento refleja la alta sensibilidad del empresariado chileno ante la opinión pública, donde cualquier declaración que sugiera desconexión con las prioridades ciudadanas se convierte en un pasivo político insostenible. Al retirar su candidatura, De Vicente intenta contener el daño reputacional para su sector, aplicando una táctica de control de daños que busca aislar la polémica personal de la institucionalidad gremial. Con este movimiento, el candidato pierde su aspiración al liderazgo, mientras que los gremios empresariales evitan que el debate sobre la crisis del Ministerio de Justicia contamine la elección interna de la CPC. La construcción de narrativas muestra una clara tensión entre la visión técnica o política de los hechos y la percepción ciudadana. Mientras De Vicente intentó justificar sus dichos como una distinción entre la agenda política de élite y las urgencias económicas de la población, la opinión pública y las redes sociales interpretaron su postura como una falta de empatía frente a delitos de alta connotación social. Esta brecha narrativa termina favoreciendo a los otros candidatos en carrera, quienes ahora deben navegar el proceso electoral evitando caer en la misma percepción de desconexión que terminó por invalidar la opción del exministro.