La Fiscalía Penal Militar y Policial precluyó la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay. La decisión se basó en que el atentado contra el político, ocurrido en junio de 2025 y que derivó en su asesinato meses después, fue producto de un plan criminal de alta complejidad. Se determinó que el subcomisario Gómez activó los protocolos de seguridad y coordinó esfuerzos ante la notificación tardía del evento político. Las pruebas recopiladas indican que el ataque fue ejecutado por una red delictiva con planeación previa y determinadores específicos, y no por una omisión deliberada del jefe del esquema de seguridad. La Fiscalía concluyó que la fuerza criminal superó el esfuerzo de protección del subcomisario, quien aplicó las medidas correspondientes y facilitó la evacuación del senador. La investigación sobre los autores intelectuales del crimen continúa. Paralelamente, un juez que había precluido la investigación contra el jefe de escoltas fue declarado insubsistente. Este togado afirmó haber recibido amenazas y presuntos casos de acoso laboral, y anunció que impugnará la decisión de insubsistencia. La preclusión de la investigación contra el subcomisario Gómez fue acogida por un juez especializado, quien determinó que las actuaciones del oficial evidenciaron una reacción inmediata orientada a proteger la vida del senador.

Análisis político

La preclusión de la investigación contra el jefe del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay se presenta como una estrategia para desvincular a los funcionarios encargados de la protección inmediata del congresista de responsabilidades directas en el atentado. Al calificar el hecho como una "operación criminal de alta complejidad" y atribuir la responsabilidad a una "red delictiva" con planeación previa, se construye una narrativa que exculpa al personal de seguridad de cualquier omisión deliberada. Esto beneficia a quienes buscan evitar señalamientos sobre fallas en los esquemas de protección y permite enfocar la atención en los autores materiales e intelectuales del crimen. Quien gana con esta decisión es la institución policial y los funcionarios directamente involucrados en la seguridad del senador, al ser exonerados de responsabilidad penal por omisión. Por otro lado, la familia de la víctima y quienes buscan una explicación exhaustiva sobre las fallas de seguridad podrían percibir esta preclusión como un cierre prematuro de una línea investigativa. La narrativa que se construye desde la Fiscalía Militar y Policial se centra en la complejidad del plan criminal externo, mientras que la narrativa desde la perspectiva del juez insubsistente introduce elementos de posibles irregularidades o presiones internas en el sistema judicial, generando dos enfoques distintos sobre el desarrollo de los hechos y sus consecuencias.