La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se reunió con la familia de Mariana Sepúlveda para comprometer apoyo jurídico y psicosocial tras el sobreseimiento definitivo de Ghislain Quiroz. El imputado, quien confesó haber asesinado a la joven desaparecida en 2008, fue liberado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago al determinarse que el delito había prescrito. Esta resolución judicial generó indignación en el Ejecutivo y en los familiares de la víctima, quienes calificaron la situación como un escenario de impunidad total. El diputado Javier Muñoz, junto a la familia, presentó el proyecto denominado Ley Mariana, que busca establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio. La iniciativa pretende modificar el Código Penal para que el paso del tiempo no impida la persecución penal de estos crímenes graves, evitando que situaciones de encubrimiento o falta de pruebas iniciales impidan la justicia. El exfiscal Carlos Gajardo también se ha sumado al respaldo público de esta propuesta legislativa. La ministra Marín confirmó que el Gobierno revisará y socializará el proyecto para evaluar su tramitación en el Congreso, aunque se reconoce que la ley no tendría efectos retroactivos sobre el caso de Mariana. La familia de la joven, encabezada por su madre Marta León, sostiene que el objetivo principal es marcar un precedente para que otras familias no enfrenten las mismas falencias institucionales. La Fiscalía Centro Norte, por su parte, ha presentado apelaciones para intentar revertir el fallo de primera instancia.

Análisis político

La estrategia política observada consiste en la canalización del descontento ciudadano hacia una reforma legislativa específica, utilizando un caso de alta carga emocional para presionar por cambios en el Código Penal. El Gobierno busca capitalizar el respaldo a la familia para mostrar una postura activa frente a la violencia de género, mientras que el diputado impulsor y otros actores legales aprovechan la ventana de oportunidad mediática para posicionar una agenda de seguridad y justicia que cuenta con apoyo transversal. En este evento, la familia de la víctima pierde en el ámbito judicial inmediato, al quedar el autor confeso en libertad, pero gana legitimidad política al instalar su demanda en la agenda pública. El Poder Judicial, por el contrario, se posiciona como el actor cuestionado por la aplicación estricta de la ley, lo que permite a los políticos construir una narrativa de 'justicia versus tecnicismo legal', donde el Ejecutivo y el Legislativo se presentan como los agentes que buscan reparar las deficiencias del sistema.

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Ghislain Quiroz, quien confesó haber asesinado a Mariana Sepúlveda en 2008, tras determinar que el delito prescribió al cumplirse 18 años del hecho. La resolución judicial, que dejó en libertad al imputado, generó una fuerte reacción de rechazo por parte de la familia de la víctima y del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. La ministra Judith Marín calificó la situación como un escenario de total impunidad y confirmó coordinaciones con el Ministerio de Justicia para abordar las falencias procesales detectadas. Ante este fallo, el diputado Javier Muñoz presentó el proyecto denominado Ley Mariana, que busca modificar el Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio, parricidio y femicidio. La iniciativa cuenta con el respaldo de la familia de la joven, quienes han participado en marchas para exigir justicia y evitar que el paso del tiempo impida la persecución penal de crímenes graves. El parlamentario enfatizó que, aunque la ley no tendría efectos retroactivos sobre el caso de Mariana, es necesaria para prevenir futuros casos similares. La defensa del imputado, por su parte, se mostró conforme con la decisión judicial, argumentando que el tribunal aplicó correctamente el criterio de prescripción vigente. Mientras la Fiscalía Centro Norte ha apelado la resolución para intentar revertir el sobreseimiento, el debate legislativo se centra en la necesidad de reformar la legislación actual. Diversos actores políticos han coincidido en que la gravedad de estos delitos no debería extinguirse por el transcurso de los años, cuestionando que el tiempo se convierta en una garantía de impunidad.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la instrumentalización de un caso de alta sensibilidad pública para impulsar reformas estructurales al Código Penal, utilizando la indignación ciudadana como motor para acelerar la tramitación legislativa. El diputado Javier Muñoz y el Ministerio de la Mujer buscan capitalizar el descontento social frente a la impunidad judicial, posicionándose como defensores de las víctimas y promotores de una justicia que trascienda los límites temporales, lo cual les otorga un rédito político al liderar una agenda de seguridad y derechos humanos. En este evento, la familia de la víctima pierde en el ámbito judicial inmediato, pero gana legitimidad moral al convertir su tragedia en un símbolo de cambio legislativo. Por otro lado, el Poder Judicial queda en una posición vulnerable al ser cuestionado por el Ejecutivo y la opinión pública, mientras que el imputado y su defensa logran una victoria técnica basada en la aplicación estricta de la ley vigente. La narrativa se construye bajo una dicotomía entre la rigidez procedimental del sistema judicial y la demanda social por una justicia sustantiva que no caduque ante el paso del tiempo.