Familia de Kevin Acosta solicita investigar a Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo por homicidio
Resumen
La defensa de la familia de Kevin Arley Acosta, un menor de siete años con hemofilia fallecido en febrero, solicitó formalmente a la Fiscalía investigar al expresidente Gustavo Petro y al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el delito de homicidio culposo. Esta petición se suma a la investigación en curso por la presunta divulgación ilícita de la historia clínica del menor, información que fue expuesta públicamente por ambos funcionarios tras el deceso. La familia sostiene que el niño murió debido a la falta de suministro de medicamentos esenciales por parte de la Nueva EPS, lo cual agravó su condición tras un accidente en bicicleta.
Durante la audiencia de conciliación programada para este miércoles, el exministro Jaramillo no asistió personalmente y envió un documento manifestando su negativa a conciliar. En el escrito, el exfuncionario negó haber cometido delitos o violado el secreto médico, argumentando que no existía materia para un acuerdo. La representación de las víctimas calificó esta actuación como cuestionable y reiteró que su objetivo no es económico, sino el esclarecimiento de las responsabilidades penales de los implicados.
El caso ha derivado en dos líneas de investigación paralelas que buscan determinar las fallas en la red de atención médica y la responsabilidad de los altos funcionarios. Mientras la defensa insiste en que Petro y Jaramillo tenían una posición de garante frente a la política de salud, el exministro mantiene su postura de inocencia respecto a las acusaciones de revelación de secretos. La familia del menor ha enfatizado que la vida de un niño no es objeto de negociación y continuará con las acciones judiciales para buscar justicia.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de la familia se centra en elevar el costo político y judicial del caso al vincular directamente al expresidente Petro y a su exministro con la responsabilidad penal por homicidio culposo, aprovechando su posición de garantes del sistema de salud. Al rechazar la conciliación, la familia construye una narrativa de dignidad y búsqueda de verdad que contrasta con la actitud del exministro, quien intenta desestimar el proceso mediante tecnicismos legales y la negación de los hechos, buscando evitar que el caso escale a una imputación formal.
En este escenario, el exministro Jaramillo pierde legitimidad al intentar cerrar el caso sin una comparecencia personal, lo que es interpretado por la contraparte como una falta de voluntad para asumir responsabilidades. Por su parte, la familia gana terreno en la opinión pública al posicionar el caso como una lucha por la justicia frente a la negligencia estatal, mientras que el sector político cercano al exmandatario se ve obligado a defenderse de acusaciones que cuestionan la gestión y la ética del gobierno anterior en el manejo de datos sensibles y la crisis del sistema de salud.
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