El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, difundió los resultados de dos nuevos exámenes de pelo realizados en la Clínica Indisa y el laboratorio Fastest, los cuales arrojaron negativo al consumo de drogas. Estos análisis se suman a una prueba previa de la Universidad Católica, con la que el exfuncionario busca reivindicar su nombre y reputación tras su renuncia el pasado 23 de julio. Rodríguez sostiene que las pruebas son contundentes para demostrar su inocencia frente al resultado positivo inicial que motivó su salida del Ejecutivo. La empresa Corthorn Health, responsable del examen original que detectó el positivo, defendió su metodología técnica y cuestionó la validez de comparar sus resultados con los presentados por Rodríguez. La CEO del laboratorio, Francisca Corthorn, explicó que su procedimiento utiliza cromatografía líquida con espectrometría de masas, técnica considerada el estándar de oro, mientras que los exámenes presentados por el exsubsecretario serían test inmunológicos preliminares. La ejecutiva enfatizó que la contramuestra debe ser gestionada a través de los canales oficiales y no puede ser retirada del control del laboratorio. El Gobierno, a través del biministro Claudio Alvarado, dio por cerrado el episodio político y descartó la reincorporación de Rodríguez a la Subsecretaría de Hacienda. Mientras el Ejecutivo prepara el nombramiento de un sucesor, diversas voces del oficialismo han cuestionado la claridad de los protocolos actuales para los test de drogas. El debate se ha trasladado desde la situación personal del exsubsecretario hacia la necesidad de revisar las normativas y la efectividad de estas medidas como herramientas de control político.

Análisis político

La estrategia de Juan Pablo Rodríguez se centra en una defensa comunicacional agresiva mediante la acumulación de pruebas privadas para erosionar la legitimidad del examen que provocó su salida. Al publicar múltiples resultados negativos, busca instalar una narrativa de error técnico o injusticia procedimental, intentando trasladar el costo político de la controversia hacia el laboratorio y, por extensión, hacia la rigidez del protocolo gubernamental. Esta táctica busca proteger su capital político personal frente a una opinión pública que observa una contradicción técnica entre los informes. El Gobierno, por su parte, opta por una estrategia de contención y desvinculación rápida para evitar que el caso se convierta en una crisis de gestión prolongada. Al ratificar la salida de Rodríguez, el Ejecutivo busca proteger la autoridad de sus decisiones, aunque esto lo expone a críticas sobre la fiabilidad de los instrumentos de control que él mismo promueve. En este escenario, el exsubsecretario gana una plataforma para defender su honra, pero pierde su cargo, mientras que el Gobierno logra mantener la estabilidad institucional a costa de enfrentar cuestionamientos sobre la eficacia de sus políticas de fiscalización interna.