El exministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino en la controversia generada por la concesión de 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores durante la actual administración. Larraín aclaró que, durante su gestión entre 2018 y 2022, rechazó solicitudes similares, viéndose forzado a revertir su decisión únicamente ante mandatos judiciales específicos. El exsecretario enfatizó que su administración impulsó la Ley 21.421 para excluir estos beneficios, bajo el entendido de que no existían derechos adquiridos sobre la rebaja de penas. La actual administración, encabezada por el ministro Fernando Rabat, ha defendido la entrega de estos beneficios argumentando que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar la restricción de 2022 a delitos cometidos con anterioridad. Esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores políticos y la Defensoría de la Niñez, quienes exigen mayor transparencia sobre los criterios de revisión y los resguardos tomados para proteger a las víctimas. La tensión ha escalado al punto de que parlamentarios han anunciado una posible interpelación contra el titular de Justicia. Larraín refutó la interpretación gubernamental al señalar que la Corte Suprema ha modificado su criterio en fallos recientes, reconociendo que la rebaja de condena no está protegida por el principio de irretroactividad penal. Según el exministro, la historia fidedigna de la ley que él mismo impulsó buscaba precisamente resguardar la indemnidad de la niñez, impidiendo que condenados por estos delitos accedieran a beneficios carcelarios. Esta discrepancia técnica entre el exministro y el actual Gobierno profundiza el debate sobre la discrecionalidad y la protección de los derechos de las víctimas.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la judicialización de la responsabilidad administrativa, donde el Gobierno intenta escudarse en la jurisprudencia de la Corte Suprema para evitar el costo político de una decisión impopular. Por su parte, el exministro Larraín utiliza su experiencia previa para desmarcarse de la actual gestión, posicionándose como un actor que priorizó la protección de la niñez frente a la rigidez burocrática, lo que le permite capitalizar el descontento social y legislativo. En este escenario, el Gobierno pierde legitimidad al ser cuestionado por su propia coherencia en materia de seguridad, mientras que la oposición y sectores críticos ganan terreno al instalar una narrativa de negligencia institucional. La construcción de narrativas es divergente: el Ejecutivo apela a un formalismo legalista para justificar sus actos, mientras que sus críticos construyen un relato centrado en la vulneración de los derechos de las víctimas y la falta de voluntad política para aplicar restricciones legales vigentes.

El Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, generando un fuerte rechazo en diversos sectores. El ministro Fernando Rabat justificó la medida argumentando que el Ejecutivo se vio obligado a cumplir con una doctrina judicial establecida por la Corte Suprema para casos anteriores a la Ley N° 21.421. Esta explicación ha sido cuestionada por la Defensoría de la Niñez, que calificó la decisión como un retroceso en la protección efectiva de las víctimas. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino en el debate aclarando que, durante su gestión, rechazó solicitudes similares basándose en que no existen derechos adquiridos sobre estos beneficios. Larraín sostuvo que la jurisprudencia del máximo tribunal ha cambiado recientemente, reconociendo que la rebaja de penas no está amparada por el principio de irretroactividad penal. Esta postura contradice la justificación actual del Ministerio, intensificando la presión política sobre la cartera. La controversia ha escalado al ámbito legislativo, donde la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció un proyecto de ley para eliminar las excepciones que permiten estas rebajas. Paralelamente, diputados del Partido Comunista han iniciado gestiones para estudiar una posible interpelación contra el ministro Rabat. La Defensoría de la Niñez ha solicitado formalmente los antecedentes del caso para esclarecer por qué se modificó el criterio histórico que denegaba estos beneficios.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la confrontación de narrativas sobre la discrecionalidad administrativa frente al mandato judicial. Mientras el Ejecutivo intenta blindarse bajo el cumplimiento de resoluciones de la Corte Suprema para evitar la responsabilidad política, la oposición y organismos autónomos construyen un relato centrado en la vulneración de los derechos de la niñez y la falta de rigurosidad en la protección de las víctimas. Esta tensión busca capitalizar el costo reputacional de una medida percibida como impopular y contraria a los avances legislativos previos. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a una interpelación y a la crítica transversal por la gestión de beneficios en delitos de alta sensibilidad social. Por otro lado, la oposición y la Defensoría de la Niñez ganan terreno al posicionarse como defensores de la integridad de los menores, utilizando el caso para cuestionar la coherencia del Ejecutivo. La construcción de la narrativa se divide entre el tecnicismo jurídico del Ministerio y la urgencia ética de quienes exigen explicaciones y cambios normativos inmediatos.

La concesión de beneficios carcelarios a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad ha generado un fuerte rechazo institucional y político. La Defensoría de la Niñez calificó la medida como un retroceso en la protección de las víctimas y solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes que motivaron este cambio de criterio. El organismo enfatizó que el Estado tiene un deber reforzado de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a decisiones que reducen el tiempo efectivo de privación de libertad. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, intervino en el debate aclarando que, durante su gestión, el otorgamiento de estas rebajas no fue discrecional, sino una respuesta a mandatos judiciales basados en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Larraín sostuvo que, ante la obligación legal de aplicar la normativa vigente en ese momento, el gobierno de la época impulsó una reforma legislativa para excluir estos beneficios. Esta ley, promulgada en 2022, buscó cerrar la puerta a futuras reducciones de pena para este tipo de delitos. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció la presentación de un proyecto de ley para eliminar las excepciones restantes en la normativa actual que permiten estas rebajas. La parlamentaria ofició al actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, para esclarecer los criterios aplicados en las recientes resoluciones. La iniciativa busca fortalecer las exigencias de fundamentación en las decisiones administrativas y asegurar que la protección de la infancia sea prioritaria en el sistema penal.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de crisis mediante la transferencia de responsabilidad hacia el Poder Judicial, utilizando la doctrina de la Corte Suprema como escudo ante la presión pública. Los actores políticos buscan desmarcarse de la decisión administrativa apelando a la obligatoriedad legal, mientras que la oposición y organismos autónomos capitalizan el descontento social para impulsar reformas legislativas que endurezcan el sistema penal, posicionándose como defensores de la niñez. En este escenario, el Gobierno y el Ministerio de Justicia pierden capital político al ser cuestionados por la opinión pública y la Defensoría de la Niñez, enfrentando una narrativa de retroceso en derechos humanos. Por otro lado, parlamentarios de oposición ganan visibilidad al liderar una agenda legislativa correctiva, construyendo una narrativa de fiscalización y protección de víctimas que busca capitalizar el rechazo transversal hacia los delitos sexuales contra menores.