Exlíderes de las Farc piden al Gobierno claridad sobre el futuro del Acuerdo de Paz
Resumen
El antiguo secretariado de las Farc radicó un derecho de petición ante el presidente Abelardo de la Espriella y el DAPRE para exigir información oficial sobre la continuidad del Acuerdo Final de Paz. Los firmantes, entre ellos Rodrigo Londoño y Pastor Alape, expresaron su preocupación por los anuncios del Ejecutivo sobre la supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la posible reestructuración de entidades clave. El documento de 16 páginas busca despejar dudas sobre la estabilidad institucional y el presupuesto destinado a la implementación durante el periodo 2026-2030.
La solicitud pone especial énfasis en el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuestionando si el Gobierno planea presentar reformas legislativas que alteren su autonomía, competencias o duración. Los excombatientes también indagan sobre el destino de la Unidad de Implementación del Acuerdo y la continuidad de los esquemas de seguridad gestionados por la Unidad Nacional de Protección. La incertidumbre se agudiza ante el vencimiento, el próximo 31 de diciembre, de decretos que amparan el apoyo económico y el acompañamiento psicosocial para los firmantes.
El Gobierno de De la Espriella ha planteado una reorganización administrativa que incluye la creación de un Comisionado Nacional de Seguridad y la eliminación de dependencias creadas tras el pacto de 2016. Los peticionarios exigen conocer los estudios técnicos, fiscales y jurídicos que sustentan estos cambios, así como las actas del proceso de empalme. Esta acción busca establecer una hoja de ruta clara para la relación entre la nueva administración y los compromisos derivados del proceso de paz.
Análisis Político
La estrategia de los firmantes del Acuerdo de Paz consiste en utilizar mecanismos jurídicos, como el derecho de petición, para forzar al Ejecutivo a formalizar sus intenciones políticas y evitar cambios unilaterales que desmantelen la arquitectura institucional de la paz. Al solicitar estudios técnicos y actas de empalme, los excombatientes buscan elevar el costo político de cualquier reforma, obligando al Gobierno a exponer sus argumentos ante la opinión pública y los organismos internacionales de verificación.
En este escenario, el Gobierno de De la Espriella gana margen de maniobra al intentar centralizar la seguridad y reducir la burocracia, pero pierde legitimidad ante los sectores que defienden el cumplimiento estricto de lo pactado en La Habana. La narrativa del Ejecutivo se construye bajo la premisa de la eficiencia administrativa y la reconfiguración de la seguridad, mientras que los firmantes construyen una narrativa de defensa de la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos adquiridos, posicionándose como garantes de la implementación frente a una posible regresión institucional.
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