Exjefes paramilitares desmienten documento sobre pacto con el gobierno Petro
Resumen
Once excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emitieron un comunicado conjunto para rechazar la autenticidad de un documento que circula sobre el denominado Pacto de Valledupar. Los firmantes, entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso, 'Jorge 40' y 'Macaco', aseguran que el único texto legítimo es el comunicado conjunto del 24 de octubre de 2025. Según los exjefes, dicho documento fue leído públicamente por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y no contiene los compromisos de excarcelación o revisión de extradición que se les atribuyen en la versión espuria.
La controversia se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntas presiones del gobierno de Gustavo Petro hacia los exparamilitares para que declararan contra figuras políticas como Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para indagar la posible responsabilidad del expresidente Petro en estos hechos. La denuncia inicial, que dio origen a una noticia criminal el 31 de agosto, sugiere que el encuentro en Valledupar habría tenido fines electorales de cara a los comicios de 2026.
Las autoridades judiciales y disciplinarias, incluyendo la Procuraduría, mantienen indagaciones sobre la actuación de exfuncionarios como Angie Rodríguez y Armando Benedetti. Mientras los exparamilitares insisten en que su objetivo era el cierre jurídico del proceso de Ralito y la reparación a las víctimas, el caso ha escalado a instancias legislativas. La disputa por la veracidad de los documentos refleja una pugna por la narrativa sobre el uso de la justicia transicional con fines políticos.
Análisis Político
El evento revela una estrategia de instrumentalización de la justicia transicional donde el gobierno buscó convertir a exjefes paramilitares en actores de una narrativa electoral contra la oposición. Al intentar forzar testimonios contra figuras clave, el Ejecutivo no solo arriesgó la legitimidad del proceso de paz de Ralito, sino que generó una fractura interna donde los propios excomandantes, al desmentir el documento espurio, buscan proteger su seguridad jurídica y evitar ser utilizados como peones en una contienda política que podría invalidar sus avances judiciales.
En este escenario, el expresidente Petro pierde capital político al quedar bajo la lupa de la Comisión de Acusación, mientras que los exparamilitares intentan posicionarse como actores que respetan la verdad documental para no perder los beneficios de su desmovilización. La construcción de narrativas es divergente: el gobierno y sus exfuncionarios enfrentan acusaciones de manipulación, mientras que los exjefes paramilitares se distancian de las acusaciones para evitar nuevas sanciones, dejando al sistema judicial en el centro de una disputa por la credibilidad de los acuerdos de paz.
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