Exjefes de las AUC desmienten documento sobre excarcelaciones del Pacto de Valledupar
Resumen
Once excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, emitieron un comunicado rechazando la autenticidad de un documento que circuló recientemente sobre el denominado Pacto de Valledupar. Los firmantes sostienen que el texto difundido, el cual menciona supuestos compromisos de excarcelación y revisión de extradiciones, es espurio y no corresponde a lo acordado en octubre de 2025. Aseguran que el único documento legítimo es el Comunicado Conjunto No. 1, leído públicamente por la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, y publicado oficialmente en su momento.
La controversia surge en medio de denuncias sobre presuntas presiones del gobierno de Gustavo Petro para que los exjefes paramilitares declararan contra figuras políticas como Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Mientras el expresidente Petro ha negado haber ordenado tales presiones y defiende la legalidad de la mesa de diálogo, los excomandantes reiteran que se negaron a cualquier instrumentalización política. La Fiscalía ha trasladado las denuncias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debido al fuero del exmandatario.
Los exjefes paramilitares enfatizaron su disposición a colaborar con la justicia y avanzar en el cierre definitivo del proceso de Ralito, siempre bajo el marco de la verdad y la reparación a las víctimas. Exigieron una rectificación pública sobre la información divulgada, argumentando que el documento falso busca distorsionar los compromisos reales alcanzados. Este episodio ha derivado en investigaciones disciplinarias contra exfuncionarios como Armando Benedetti y Angie Rodríguez por su presunta participación en las gestiones del encuentro.
Análisis Político
El evento revela una estrategia de instrumentalización de la justicia transicional con fines electorales, donde el gobierno de turno habría intentado utilizar a actores del conflicto para deslegitimar a la oposición política. La negativa de los exjefes paramilitares a participar en este esquema sugiere una ruptura en la narrativa oficial, permitiendo que los actores armados se posicionen como garantes de la verdad documental frente a lo que denominan un uso espurio de su proceso de paz.
En este escenario, el expresidente Petro pierde legitimidad al quedar expuesto a investigaciones formales por presunto abuso de poder, mientras que los exjefes paramilitares ganan un margen de maniobra al desmarcarse de las acusaciones de manipulación. La construcción de narrativas es divergente: el exmandatario intenta protegerse bajo la institucionalidad de la mesa de paz, mientras que los excomandantes y los denunciantes construyen un relato de resistencia ante una supuesta coacción estatal, buscando blindar su seguridad jurídica ante la opinión pública.
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