La firma Meléndez & Meléndez asumió la defensa técnica de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama Verónica Alcocer, tras las graves acusaciones formuladas por Eva Ferrer. La defensa anunció una investigación documental y técnica para desvirtuar los señalamientos sobre presuntos vuelos a Venezuela cargados con dinero, drogas y armas. Los abogados sostienen que cuentan con material audiovisual que mostraría a Alcocer descendiendo de la aeronave sin equipaje sospechoso, además de negar cualquier vínculo electoral del representado con los viajes mencionados. Las denuncias de Ferrer, exconsejera presidencial, han desencadenado una serie de actuaciones institucionales, incluyendo una indagación previa de la Procuraduría y una inspección de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) sobre los vuelos oficiales. El organismo de control citó a declarar a Ferrer y a otros cinco exfuncionarios para contrastar los testimonios con los registros oficiales de las aeronaves. La Fiscalía también mantiene una indagación abierta, buscando determinar la veracidad de los relatos sobre el supuesto ingreso de 2,5 millones de dólares al país. Diversos actores políticos, como el senador Agmeth Escaf y la excanciller Laura Sarabia, han rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas o parte de una estrategia de desprestigio. Mientras la defensa de los implicados enfatiza la presunción de inocencia y la falta de pruebas materiales, las autoridades continúan con la recolección de testimonios y la revisión de protocolos de seguridad. El caso se centra en la necesidad de verificar si los relatos de Ferrer poseen sustento documental o si se limitan a versiones de terceros sin respaldo probatorio.

Análisis político

La estrategia de los señalados se basa en la deslegitimación del testimonio de Ferrer, argumentando que las acusaciones carecen de pruebas materiales y se fundamentan en rumores o 'lo que cuentan' terceros. Al trasladar el debate al terreno técnico y jurídico, los implicados buscan proteger su buen nombre y desviar la atención hacia la falta de rigor probatorio, mientras intentan enmarcar las denuncias como una campaña de desprestigio contra el progresismo y el entorno del anterior gobierno. En este escenario, el mayor riesgo político lo asume el círculo cercano a la ex primera dama, cuya reputación queda bajo escrutinio judicial y mediático, lo que podría afectar su capital político a futuro. Por otro lado, Eva Ferrer se posiciona como una denunciante que busca visibilidad, aunque su credibilidad depende enteramente de la capacidad de las autoridades para hallar pruebas físicas que respalden sus afirmaciones. La narrativa se divide entre quienes exigen pruebas contundentes y quienes ven en estas denuncias una oportunidad para exponer presuntas estructuras criminales dentro del Estado.