La exconsejera presidencial Eva Ferrer denunció la existencia de un círculo cercano a la exprimera dama, Verónica Alcocer, al que calificó como una banda de criminales. En declaraciones públicas, Ferrer señaló que figuras como el empresario Manel Grau, el senador Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer habrían ejercido influencia indebida en entidades estatales y en la gestión de recursos. Estas revelaciones surgen tras la filtración de audios donde se mencionan presuntos pagos irregulares durante la campaña presidencial de 2022 y el direccionamiento de contratos públicos. El expresidente Gustavo Petro confrontó a Ferrer tras la divulgación del material, cuestionando las motivaciones de sus señalamientos contra la madre de sus hijos. Ferrer, por su parte, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas sin su consentimiento y que su intención no era atacar a la familia, sino exponer un entorno de poder que, según ella, buscaba su salida del gobierno. La exfuncionaria también reclamó el pago de honorarios pendientes por sus servicios de consultoría durante la etapa de campaña y el inicio del mandato. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar para determinar la veracidad de las acusaciones sobre el manejo irregular de dinero y la injerencia en instituciones como Ecopetrol. Mientras tanto, Verónica Alcocer ha negado categóricamente las versiones, calificándolas de especulaciones, y ha viajado a Suecia argumentando compromisos personales. La defensa de la exprimera dama ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades y aclarar los hechos ante la justicia colombiana.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de ruptura y desmarque por parte de una excolaboradora clave, quien utiliza la revelación de audios como mecanismo de defensa ante un conflicto profesional y personal. La narrativa de Ferrer busca posicionarse como una figura técnica ajena a las prácticas corruptas que atribuye a los denominados 'Tres Tenores', trasladando la responsabilidad ética hacia el círculo íntimo de la exprimera dama y distanciándose de las decisiones administrativas del gobierno saliente. En este escenario, el principal perdedor es la imagen del gobierno de Gustavo Petro, que ve cómo su entorno familiar y político es vinculado a denuncias de corrupción en el cierre de su mandato. Por otro lado, la construcción de narrativas opuestas es evidente: mientras Ferrer se presenta como una víctima de un sistema de influencias, Alcocer y su defensa intentan minimizar el impacto mediático calificando las denuncias como especulaciones sin fundamento, buscando proteger su reputación ante la opinión pública y las investigaciones judiciales en curso.