Estudio revela aumento del 182% en extorsiones en Colombia durante los últimos ocho años
Resumen
El Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales presentaron un informe que detalla el crecimiento exponencial de la extorsión en el país, pasando de 4.900 casos en 2016 a 13.869 en 2024. Aunque las cifras nacionales mostraron una leve reducción en 2025, el estudio advierte que el delito repuntó a inicios de 2026 y que menos del 20% de los hechos reales son denunciados ante las autoridades. La problemática se concentra en las ciudades capitales, donde se registra un caso cada 39 minutos.
Las modalidades delictivas han mutado hacia el uso intensivo de tecnologías, con las llamadas telefónicas representando casi la mitad de los casos y las redes sociales ganando terreno frente a años anteriores. El informe señala que cerca del 70% de las llamadas extorsivas tienen su origen en centros penitenciarios, lo que evidencia una falla estructural en el control carcelario. Medellín destaca como la única de las cuatro principales capitales donde el delito aumentó durante 2025, mientras que ciudades como Cartagena, Tunja y Pasto también reportaron incrementos significativos.
Para enfrentar esta crisis, el DNP y Asocapitales proponen la creación de un documento Conpes que incluya 27 acciones territoriales enfocadas en prevención, articulación institucional y atención a víctimas. El análisis subraya que la extorsión afecta principalmente a comerciantes, impactando la productividad y el empleo local. Las autoridades reiteran la importancia de la denuncia ciudadana y la desconfianza ante comunicaciones sospechosas para mitigar el control de las estructuras criminales.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la tecnificación de la seguridad mediante la creación de un documento Conpes, buscando trasladar la responsabilidad de la lucha contra la extorsión a una política de Estado con metas medibles y presupuesto plurianual. Al visibilizar que la mayoría de las extorsiones provienen de cárceles, el Gobierno y las alcaldías construyen una narrativa que desplaza la culpa hacia la gestión penitenciaria, intentando desmarcarse de la percepción de inoperancia local frente al control del territorio.
En este escenario, los alcaldes de ciudades con cifras a la baja ganan capital político al mostrar resultados de gestión, mientras que las administraciones donde el delito persiste, como Medellín, enfrentan un desgaste en su imagen de seguridad. La narrativa se divide entre quienes enfatizan la necesidad de mayor presencia institucional y aquellos que, como el DNP, proponen una respuesta centralizada, dejando en evidencia la tensión entre la autonomía municipal y la necesidad de una política nacional unificada para combatir el crimen organizado.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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