La quinta Radiografía del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias, elaborada por Cadem y Aprocor, reveló que un 21% de los chilenos considera socialmente aceptable conducir tras haber bebido. El estudio destaca que el principal temor de los conductores ebrios es la fiscalización policial, alcanzando un máximo histórico del 68%, mientras que solo un 15% teme causar daños físicos o la muerte a terceros. Esta percepción de riesgo ha disminuido cinco puntos porcentuales respecto al año anterior, evidenciando una normalización de conductas peligrosas. El informe también expone una preocupante tendencia en torno a los menores de edad, donde el 87% de los encuestados considera fácil que estos adquieran alcohol en el comercio formal. Además, un 64% percibe que el consumo en menores es socialmente aceptado durante las festividades, y un 55% aprueba ofrecerles versiones sin alcohol de tragos tradicionales para integrarlos a la celebración. Estas cifras reflejan un aumento en la permisividad familiar frente a la exposición temprana de los jóvenes a dinámicas de consumo. Autoridades de SENDA y representantes del sector privado lanzaron la campaña preventiva 'Prevenir o lamentar' para mitigar los riesgos asociados a las celebraciones dieciocheras. Expertos en adicciones advierten que, más allá del volumen total de alcohol consumido, el peligro reside en la pérdida de control y la frecuencia de episodios de embriaguez. El llamado oficial enfatiza que el alcohol y la conducción son incompatibles, instando a la responsabilidad ciudadana para evitar accidentes fatales.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la colaboración público-privada para gestionar la percepción de riesgo social, utilizando datos estadísticos como herramienta de sensibilización antes de periodos críticos. El Estado busca delegar parte de la responsabilidad preventiva en la ciudadanía y el sector privado, mientras intenta reforzar la autoridad mediante la fiscalización, la cual es reconocida por la población como el principal factor disuasivo frente a la conducción bajo los efectos del alcohol. En este escenario, el Gobierno y las instituciones de salud pública ganan legitimidad al posicionarse como garantes de la seguridad, aunque pierden terreno en la batalla cultural contra la normalización del consumo. La narrativa oficial se construye desde la prevención y la fatalidad, mientras que una parte significativa de la población sostiene una narrativa de permisividad, donde el consumo de alcohol se integra como un elemento cultural ineludible de la identidad nacional, incluso cuando implica riesgos para la seguridad pública.

La quinta Radiografía del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias, elaborada por Cadem y Aprocor, reveló que un 21% de los chilenos considera socialmente aceptable conducir tras haber bebido. El estudio destaca que el 68% de los encuestados cree que el principal temor de un conductor ebrio es ser fiscalizado por Carabineros, mientras que solo un 15% teme causar daños físicos o la muerte a terceros. Estas cifras reflejan una baja en la percepción de riesgo y una persistencia de conductas peligrosas justificadas por la experiencia al volante o la corta distancia de los trayectos. El informe también expone una preocupante normalización del consumo en menores de edad, con un 87% de los adultos señalando que es fácil para los adolescentes adquirir alcohol en el comercio formal. Además, un 64% de los consultados percibe que el consumo en menores es socialmente aceptado durante las celebraciones dieciocheras. Un dato relevante es el aumento al 55% de quienes aprueban ofrecer versiones sin alcohol de tragos tradicionales a niños, una práctica que ha crecido 15 puntos porcentuales respecto al año anterior. Ante este escenario, autoridades como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de SENDA, Eduardo Barros, lanzaron la campaña preventiva "Prevenir o lamentar". La iniciativa busca desincentivar la conducción bajo los efectos del alcohol y promover la figura del conductor designado. Representantes del sector privado y público enfatizaron la necesidad de planificar los traslados y evitar la normalización de conductas que ponen en riesgo la vida de la población.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la colaboración público-privada para gestionar riesgos sociales mediante campañas de concientización que apelan a la responsabilidad individual. Al utilizar datos estadísticos de una entidad privada, el Gobierno busca legitimar sus políticas de prevención y fiscalización, desplazando el foco desde la prohibición hacia la educación y la planificación familiar como herramientas de control social. En este evento, el Estado y las instituciones de prevención ganan legitimidad al posicionarse como garantes de la seguridad pública, mientras que la ciudadanía pierde terreno en términos de autopercepción de riesgo. La narrativa se construye mediante un contraste entre la "normalización cultural" del consumo, promovida por sectores sociales, y la "responsabilidad cívica" impulsada por el discurso oficial, lo que permite al Gobierno capitalizar la preocupación pública por la seguridad vial durante las festividades.