La Fiscalía General de la Nación judicializó al dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y al inspector Édgar Alfredo Melo Forero, funcionarios del Inpec, por su presunta participación en la fuga de un integrante del Tren de Aragua de la cárcel La Picota. El interno, un ciudadano venezolano solicitado en extradición por Perú por homicidio agravado, escapó el pasado 1 de abril utilizando una cuerda artesanal. Los procesados fueron enviados a prisión por una juez de control de garantías tras ser señalados de facilitar la evasión. Las investigaciones indican que los funcionarios habrían recibido un pago de 500 millones de pesos a cambio de omitir sus deberes de vigilancia. Según el ente acusador, los implicados dejaron abierta la puerta de la lavandería, omitieron los conteos reglamentarios, no activaron las alertas de seguridad y no registraron las novedades en la minuta oficial. La ausencia del recluso solo fue detectada hasta la mañana siguiente, lo que permitió que el sujeto permaneciera prófugo hasta su recaptura el 8 de mayo en Medellín. A los dos funcionarios se les imputaron los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio, cargos que no fueron aceptados por los procesados. Este evento pone de relieve las fallas en los controles internos del sistema penitenciario y la persistencia de redes de corrupción que facilitan las actividades de organizaciones criminales transnacionales. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar si existen más personas involucradas en la planeación y ejecución de este escape.

Análisis político

La estrategia observada se centra en la judicialización ejemplarizante para contener la percepción de crisis institucional dentro del sistema penitenciario. Al imputar delitos de corrupción y favorecimiento de fuga, el Estado busca desarticular la narrativa de impunidad que rodea a las estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua, intentando demostrar capacidad de respuesta frente a la infiltración de sus agentes en las cárceles. En este evento, la institucionalidad pierde legitimidad al confirmarse la vulnerabilidad de los controles de seguridad ante el poder económico de las bandas criminales, mientras que la Fiscalía gana terreno político al presentar resultados concretos en la lucha contra la corrupción interna. La narrativa oficial se construye sobre la necesidad de depurar el Inpec, contraponiéndose a la realidad de un sistema que, a pesar de las recapturas, sigue siendo permeable a la influencia de grupos delictivos organizados.