El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, a nueve años y nueve meses de prisión. La sentencia lo halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, cometidos durante su administración entre 2012 y 2015. El fallo también impone una multa superior a los 4.453 millones de pesos y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La condena se deriva de irregularidades en el contrato PS-04 de 2014, destinado a la modernización de cinco centros de salud en la capital del Magdalena. Según la justicia, el proyecto careció de estudios previos y técnicos, lo que resultó en la demolición injustificada de infraestructura hospitalaria y un detrimento patrimonial superior a los 5.000 millones de pesos. La jueza determinó que Caicedo no podrá acceder a beneficios judiciales, por lo que se ordenó su captura una vez el fallo quede en firme. Este evento marca un punto crítico en la trayectoria del político, quien recientemente intentó liderar una alternativa de izquierda independiente antes de adherirse a la campaña de Iván Cepeda. La decisión judicial, que aún puede ser apelada, cierra un proceso de más de una década mientras el exmandatario enfrenta otras investigaciones por presuntos delitos sexuales y diversas irregularidades en proyectos de infraestructura pública.

Análisis político

La condena de Caicedo evidencia el desgaste de su capital político tras años de intentar consolidar un movimiento regional, Fuerza Ciudadana, que buscaba distanciarse de la influencia del Pacto Histórico. La estrategia de defensa del exalcalde, basada en la narrativa de persecución política, pierde fuerza ante un fallo judicial que documenta un detrimento patrimonial concreto y una afectación directa a la salud pública, elementos que sus opositores y veedurías ciudadanas han capitalizado para exigir mayor transparencia en la gestión de recursos públicos. El evento beneficia a los sectores que han denunciado históricamente su administración, validando el control social y judicial sobre sus proyectos de infraestructura. Por el contrario, Caicedo pierde su capacidad de maniobra política y legitimidad como alternativa de izquierda, quedando su futuro supeditado a la resolución de otros procesos penales pendientes. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en la sentencia un acto de justicia tardía y quienes, desde su entorno, intentarán mantener la tesis de una justicia instrumentalizada para frenar su carrera.