La última medición de la encuesta Criteria posiciona la aprobación del Presidente José Antonio Kast en un 35%, manteniendo la cifra estable respecto a la semana anterior. En contraste, la desaprobación a su gestión experimentó un incremento de tres puntos porcentuales, alcanzando un 55%. Este escenario refleja una brecha de 20 puntos entre el respaldo y el rechazo a la administración actual. La seguridad pública se consolidó como la principal prioridad ciudadana, concentrando un 28% de las menciones y superando a temas como salud y empleo. Un 73% de los encuestados manifestó estar dispuesto a priorizar la seguridad por sobre ciertas libertades individuales, una tendencia que ha crecido cinco puntos desde 2022. Pese a este consenso, la evaluación del desempeño gubernamental en esta área es mayoritariamente negativa, con un 54% de los consultados calificando la gestión como peor de lo esperado. El sondeo también evaluó el respaldo a medidas específicas de seguridad, las cuales cuentan con un alto apoyo popular que oscila entre el 75% y el 94%. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el respaldo a estas iniciativas y la expectativa de que el Gobierno logre concretarlas durante su mandato. Las mayores diferencias se observan en el despliegue policial en barrios críticos y en el régimen penitenciario especial para narcotraficantes.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en una agenda de seguridad que busca sintonizar con la urgencia ciudadana, utilizando medidas de alto impacto que logran un respaldo transversal. No obstante, el Gobierno enfrenta una paradoja: aunque sus propuestas son populares, la desconfianza sobre su capacidad de ejecución efectiva erosiona el capital político del mandatario, quien se mantiene estancado en sus niveles de aprobación mientras su desaprobación crece. En este contexto, el Gobierno pierde terreno al ser evaluado negativamente en su gestión práctica, mientras que la oposición y los sectores críticos capitalizan el descontento mediante la narrativa de la ineficacia. La construcción de narrativas se divide entre quienes atribuyen la crisis de seguridad a la herencia de la administración anterior y quienes responsabilizan directamente a las decisiones del actual Ejecutivo, evidenciando una polarización en la interpretación de la responsabilidad política.