El equipo de empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente al liquidador del Ministerio de la Igualdad y al presidente de Fiduagraria detener las contrataciones de última hora en Fonigualdad. La petición exige la suspensión de nuevas vinculaciones mediante empresas temporales y el congelamiento de 9.082 millones de pesos en anticipos y nómina asociados a un contrato de 30.275 millones con la firma Laborando S.A.S. Esta medida busca evitar posibles detrimentos patrimoniales y asegurar que los recursos públicos no se comprometan durante la fase de liquidación de la entidad. La solicitud se fundamenta en la presunta extralimitación de las facultades legales establecidas en el Decreto 626 de 2026, que rige el proceso de liquidación del ministerio. El equipo de empalme advirtió que cualquier omisión en la debida diligencia o el giro de recursos podría acarrear responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales y civiles para los funcionarios y fiduciarios involucrados. Además, se solicitó la entrega inmediata del inventario contable y contractual completo para someterlo a una auditoría exhaustiva. Esta acción se suma a alertas previas de la Contraloría sobre riesgos superiores a 140.910 millones de pesos en contratos sin resultados verificables y a indagaciones de la Procuraduría por presunta burocracia en la etapa de cierre. La notificación fue enviada con copia al presidente saliente Gustavo Petro y a los organismos de control, marcando una postura de vigilancia estricta a 48 horas de la posesión presidencial. El equipo de empalme reiteró que ninguna maniobra contractual de último minuto quedará sin respuesta institucional.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se centra en la fiscalización preventiva y la construcción de una narrativa de transparencia frente a la administración saliente. Al involucrar a los organismos de control desde el primer momento, el equipo de De la Espriella busca blindar su llegada al poder, posicionándose como un actor que ejerce un control político riguroso sobre el uso de los recursos públicos en la transición. En este escenario, el presidente electo gana legitimidad ante su electorado al presentarse como un garante de la austeridad y la lucha contra la corrupción, mientras que el gobierno saliente pierde capacidad de maniobra y enfrenta un desgaste reputacional por las denuncias de burocracia tardía. La construcción de narrativas opuestas es evidente: mientras el equipo de empalme etiqueta las acciones como maniobras irregulares, el gobierno saliente se ve obligado a defender la legalidad de sus procesos administrativos en un momento de alta vulnerabilidad política.