El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. La entrega se realizó ante una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. El grupo armado argumentó que los uniformados habían cumplido el tiempo necesario dentro de una sanción impuesta tras un "juicio revolucionario", calificando la decisión como una libertad "por pena cumplida". La Defensoría del Pueblo rechazó el argumento del ELN, señalando que ningún grupo armado puede juzgar personas o imponer condenas, y exigió el cese inmediato del secuestro. La entidad también reclamó la liberación de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, secuestrados en mayo de 2025 en Arauca y también sometidos a un supuesto "juicio revolucionario". El ELN confirmó que estos funcionarios del CTI continúan en cautiverio y reiteró su disposición a explorar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra. La liberación de los dos agentes de la Dijín se produce en un contexto de conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y tras varios meses de incertidumbre para las familias de los secuestrados, quienes habían pedido públicamente su liberación. El director de la Policía Nacional, general William Rincón, reiteró el rechazo de la institución al secuestro, calificándolo como un "acto de cobardía" y no un gesto de buena voluntad, exigiendo la liberación de todos los secuestrados.

Análisis político

La liberación de los dos policías por parte del ELN, aunque presentada por el grupo como el cumplimiento de una "pena" tras un "juicio revolucionario", es interpretada por las autoridades y organismos de derechos humanos como un acto de presión y una violación al Derecho Internacional Humanitario. La estrategia del ELN parece ser la de mantener un control sobre la narrativa, presentando sus acciones como parte de una justicia propia mientras busca obtener beneficios en el marco de los diálogos de paz. La insistencia en la continuidad del secuestro de los funcionarios del CTI y la propuesta de "intercambio humanitario" buscan mantener la capacidad de negociación y visibilidad del grupo. La Policía Nacional, por su parte, se posiciona rechazando categóricamente el secuestro y negándose a agradecer al ELN, subrayando que se trata del fin de una retención ilegal. Esta postura busca deslegitimar cualquier pretensión del grupo armado de presentarse como actor legítimo en un conflicto. Mientras el ELN busca proyectar una imagen de actor político con capacidad de impartir justicia, las autoridades defienden la legalidad y los derechos humanos, generando narrativas contrapuestas sobre el mismo evento. La liberación de los policías, en este contexto, es un hecho que beneficia a las familias y al Estado en términos de recuperación de personal, pero no resuelve la problemática de fondo del secuestro y la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. La liberación se produjo tras casi un año de cautiverio y fue entregada a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. El grupo armado argumentó que los agentes habían cumplido una pena impuesta tras un "juicio revolucionario", una afirmación rechazada por las autoridades. La guerrilla señaló que aún mantiene en su poder a funcionarios del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, quienes también fueron sometidos a "juicios revolucionarios". El ELN manifestó su disposición a un intercambio humanitario de prisioneros de guerra, mientras persiste el cautiverio de los funcionarios de la Fiscalía. Días antes de la liberación, el grupo armado también anunció la entrega de cinco camioneros retenidos en Cesar. La Policía Nacional, a través de su director, general William Rincón, rechazó el secuestro y afirmó que la liberación no constituye un gesto que merezca agradecimiento, calificando la retención de servidores públicos como un "acto de cobardía". Las autoridades continúan exigiendo la liberación de todas las personas secuestradas por grupos armados ilegales en el país.

Análisis político

La liberación de los dos agentes de la Dijín por parte del ELN se enmarca en una estrategia del grupo armado de mantener la presión y visibilidad en el contexto de los diálogos de paz y un periodo electoral. Al justificar la liberación como "pena cumplida" tras un "juicio revolucionario", el ELN busca legitimar sus acciones y presentarse como un actor con capacidad de impartir justicia propia, al tiempo que mantiene a otros funcionarios en cautiverio para negociar un "intercambio humanitario". Esto genera narrativas contrapuestas: el ELN se posiciona como un actor que aplica su propio orden, mientras que el Estado y la Policía rechazan categóricamente estas acciones, calificándolas de ilegales y cobardes. Con esta acción, el ELN busca influir en la opinión pública y en las negociaciones, demostrando su capacidad de retención y liberación. La Policía Nacional, por su parte, pierde al tener a sus agentes secuestrados, pero gana al exigir la liberación incondicional y rechazar cualquier legitimación de las acciones del ELN, reforzando su postura de no ceder ante presiones. La Defensoría del Pueblo y los organismos humanitarios actúan como mediadores, buscando garantizar la protección de los derechos humanos y facilitar la liberación de todos los secuestrados, mientras que las familias de los retenidos viven la angustia de la incertidumbre.