ELN libera a dos agentes de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca
Resumen
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde julio de 2025 en Arauca. La liberación se produjo tras casi un año de cautiverio y fue entregada a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. El grupo armado argumentó que los agentes habían cumplido una pena impuesta tras un "juicio revolucionario", una afirmación rechazada por las autoridades.
La guerrilla señaló que aún mantiene en su poder a funcionarios del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, quienes también fueron sometidos a "juicios revolucionarios". El ELN manifestó su disposición a un intercambio humanitario de prisioneros de guerra, mientras persiste el cautiverio de los funcionarios de la Fiscalía. Días antes de la liberación, el grupo armado también anunció la entrega de cinco camioneros retenidos en Cesar.
La Policía Nacional, a través de su director, general William Rincón, rechazó el secuestro y afirmó que la liberación no constituye un gesto que merezca agradecimiento, calificando la retención de servidores públicos como un "acto de cobardía". Las autoridades continúan exigiendo la liberación de todas las personas secuestradas por grupos armados ilegales en el país.
Análisis Político
La liberación de los dos agentes de la Dijín por parte del ELN se enmarca en una estrategia del grupo armado de mantener la presión y visibilidad en el contexto de los diálogos de paz y un periodo electoral. Al justificar la liberación como "pena cumplida" tras un "juicio revolucionario", el ELN busca legitimar sus acciones y presentarse como un actor con capacidad de impartir justicia propia, al tiempo que mantiene a otros funcionarios en cautiverio para negociar un "intercambio humanitario". Esto genera narrativas contrapuestas: el ELN se posiciona como un actor que aplica su propio orden, mientras que el Estado y la Policía rechazan categóricamente estas acciones, calificándolas de ilegales y cobardes.
Con esta acción, el ELN busca influir en la opinión pública y en las negociaciones, demostrando su capacidad de retención y liberación. La Policía Nacional, por su parte, pierde al tener a sus agentes secuestrados, pero gana al exigir la liberación incondicional y rechazar cualquier legitimación de las acciones del ELN, reforzando su postura de no ceder ante presiones. La Defensoría del Pueblo y los organismos humanitarios actúan como mediadores, buscando garantizar la protección de los derechos humanos y facilitar la liberación de todos los secuestrados, mientras que las familias de los retenidos viven la angustia de la incertidumbre.
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