En la madrugada del sábado 13 de junio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con explosivos la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 en Toledo, Norte de Santander. El ataque, perpetrado desde una volqueta, se produjo mientras las tropas realizaban labores de registro en la zona. Las autoridades militares calificaron el hecho como un acto terrorista y una posible represalia por operaciones militares en la región. Afortunadamente, el atentado no dejó personas heridas ni fallecidas, aunque causó daños materiales en las instalaciones y generó pánico en la comunidad aledaña. Expertos antiexplosivos inspeccionaron el área para descartar amenazas adicionales y se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial para vigilancia. El Ejército Nacional informó que el ataque se debió a "retaliación a las operaciones militares que nuestros soldados han desarrollado en la zona". El vehículo utilizado fue incinerado posteriormente en la vía, interrumpiendo la movilidad. La Segunda División del Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información sobre los responsables. Paralelamente, se reportó el hallazgo y destrucción de un depósito clandestino con cerca de una tonelada de explosivos pertenecientes al ELN en Sardinata, Norte de Santander, frustrando posibles acciones terroristas contra civiles y la Fuerza Pública. Este incidente ocurre a una semana de la segunda vuelta presidencial, en un contexto de tensión política y con el proceso de paz con el ELN en un estado de parálisis. Las fuerzas militares continúan con labores de vigilancia y control en la zona, mientras se investiga el origen y los responsables del ataque. La situación subraya los desafíos de seguridad que enfrenta el país y la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados organizados.

Análisis político

El ataque del ELN a una base militar en Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial, puede interpretarse como una estrategia para influir en el panorama político o para enviar un mensaje de fuerza en un momento de alta sensibilidad electoral. La atribución del ataque como represalia a operaciones militares busca legitimar la acción ante su propia base y, potencialmente, generar debate sobre la efectividad de la política de seguridad del gobierno saliente. La narrativa del Ejército se enfoca en la neutralización de amenazas y la protección de la población civil, destacando la incautación de explosivos como un éxito en la prevención de atentados. El ELN, al realizar este tipo de acciones, busca posicionarse como un actor relevante en el escenario nacional, especialmente ante la inminente transición presidencial y la parálisis del proceso de paz. Quien gana con este evento es el ELN al lograr visibilidad y generar un impacto en la agenda pública, mientras que el gobierno saliente y los candidatos presidenciales se ven obligados a reaccionar ante un hecho de orden público que puede ser utilizado para cuestionar la seguridad del país. Las narrativas se contraponen: el ELN se presenta como víctima de operaciones militares y el Ejército como garante de la seguridad frente a acciones terroristas.