EE. UU. mantiene sanciones contra Verónica Alcocer tras denuncias de presunto narcotráfico
Resumen
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, permanece en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Orden Ejecutiva 14059. Esta ratificación ocurre en medio de graves acusaciones formuladas por Eva Ferrer, exasesora del gobierno de Gustavo Petro, quien señaló a Alcocer por el presunto uso de aeronaves oficiales para transportar narcóticos y dinero en efectivo hacia Venezuela. Las autoridades estadounidenses indicaron que están al tanto de los reportes, aunque aclararon que su posición actual se fundamenta en decisiones tomadas en octubre de 2025.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana iniciar una investigación exhaustiva sobre el personal vinculado al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para esclarecer los hechos denunciados. El mandatario solicitó formalmente a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia que actúen dentro de sus competencias para determinar posibles responsabilidades penales. Paralelamente, el senador Óscar Villamizar ha solicitado la intervención de la DEA para profundizar en las investigaciones sobre los supuestos delitos de tráfico de armas y lavado de activos.
Gustavo Petro ha rechazado los señalamientos calificándolos de calumnias y ha respondido cuestionando los nombramientos realizados por la actual administración. El expresidente difundió un organigrama donde vincula a funcionarios del gobierno de De la Espriella con su firma de abogados, sugiriendo una estrategia para controlar bienes en procesos de extinción de dominio. Mientras las autoridades colombianas recopilan pruebas y testimonios, la controversia se mantiene como un punto de alta tensión política entre el actual gobierno y el entorno del exmandatario.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de judicialización y control de la narrativa por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca capitalizar las denuncias contra el entorno de Gustavo Petro para debilitar su capital político y legitimar una purga en las instituciones de seguridad. Al solicitar la intervención de autoridades estadounidenses y organismos de control, el Ejecutivo busca elevar el costo político de las acusaciones, transformando un escándalo mediático en una investigación de alcance internacional que pone a la defensiva al petrismo.
En este escenario, el gobierno actual gana terreno al presentarse como un actor que depura las instituciones, mientras que el expresidente Petro pierde capacidad de maniobra al verse obligado a defenderse de acusaciones de corrupción transnacional. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo vincula a Alcocer con redes criminales globales, Petro intenta desviar la atención denunciando un supuesto entramado de intereses privados y tráfico de influencias en los nombramientos de la actual administración, buscando retratar las investigaciones como una persecución política orquestada.
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