La revelación de 56 decretos que redujeron penas a condenados por delitos sexuales contra menores durante la administración de José Antonio Kast generó una fractura interna en la coalición oficialista. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó la gestión del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, argumentando que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema permitía evitar dichos beneficios. Esta intervención provocó una respuesta hostil del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien utilizó redes sociales para vincular a Larraín con el caso de Colonia Dignidad y Paul Schäfer. La arremetida de Squella fue calificada como injuriosa por dirigentes de la UDI y Evópoli, quienes advirtieron que este tipo de conflictos públicos debilitan la estabilidad del Gobierno. La tensión escaló rápidamente, obligando a una intervención de La Moneda para contener la crisis antes de que afectara la cohesión del comité político. Parlamentarios oficialistas señalaron que este episodio es parte de un patrón de desconfianza persistente entre los partidos que integran la coalición gubernamental. El conflicto concluyó con una llamada telefónica en la que Arturo Squella ofreció disculpas públicas a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y a Hernán Larraín, comprometiéndose a eliminar la publicación original. A pesar de este control de daños, la oposición ya prepara una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. La vulnerabilidad política de las autoridades de Justicia persiste mientras el Ejecutivo intenta retomar el control de la agenda legislativa.

Análisis político

La estrategia política observada revela una profunda fragilidad en la coalición oficialista, donde el Partido Republicano utiliza la confrontación pública como herramienta de presión, incluso contra sus propios aliados. Esta dinámica expone una falta de disciplina interna que el Gobierno de Kast no ha logrado canalizar, permitiendo que las diferencias técnicas sobre la gestión de decretos se transformen en ataques personales que erosionan la unidad necesaria para enfrentar la oposición. En este evento, el gran perdedor es el Gobierno, cuya imagen de orden y control se ve afectada por la exposición de sus fracturas internas y la vulnerabilidad de sus ministros ante una inminente acusación constitucional. Por otro lado, la UDI logra capitalizar el error comunicacional de los republicanos al posicionarse como la parte agraviada que busca la unidad, obligando a su socio a retroceder y pedir disculpas, lo que reconfigura temporalmente el equilibrio de poder dentro del sector.