La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo, denunció que manifestantes utilizaron a menores de edad como escudos humanos durante las protestas frente al Museo Nacional de Bogotá. Las movilizaciones surgieron en rechazo al retiro de obras de arte relacionadas con víctimas de la violencia, movimientos sociales y el excomandante del M-19, Carlos Pizarro. La funcionaria calificó estas acciones como un acto de cobardía y advirtió que el Estado intervendrá legalmente para proteger los derechos de los niños. Restrepo utilizó sus redes sociales para confrontar a los manifestantes, empleando un tono desafiante al retar a quienes, según ella, se escudaron en los menores para enfrentar a la Fuerza Pública. La directora comparó estas prácticas con el uso de niños como escudos en el conflicto armado, señalando que trasladar estas conductas a las calles es una vulneración inaceptable. Sus declaraciones generaron una fuerte controversia debido al lenguaje directo y confrontativo utilizado contra los participantes de la jornada. La respuesta de la funcionaria incluyó críticas hacia sectores que cuestionaron su estilo de comunicación, argumentando que existe un doble estándar de género al juzgar su firmeza. Mientras tanto, las protestas contaron con la presencia de figuras políticas y colectivos que rechazan la censura institucional en el museo. La situación escaló hasta requerir la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios para dispersar a los grupos que permanecieron en el lugar.

Análisis político

La estrategia de la directora del ICBF se basa en la confrontación directa y la polarización del discurso, utilizando un lenguaje beligerante para deslegitimar la protesta social al vincularla con prácticas de grupos armados. Al adoptar una postura de 'defensora de la niñez' frente a una supuesta 'cobardía' de los manifestantes, Restrepo busca desplazar el foco del debate desde la censura cultural hacia la protección de menores, una narrativa que le permite ganar legitimidad institucional mientras etiqueta a sus opositores como actores irresponsables. En este evento, el Gobierno gana al desviar la atención de la polémica por el retiro de las obras de arte, trasladando el costo político hacia los manifestantes acusados de poner en riesgo a los niños. Por su parte, los sectores que protestan pierden capacidad de interlocución al quedar asociados con la instrumentalización de menores, lo que debilita su mensaje original. La construcción de narrativas es divergente: mientras los manifestantes apelan a la libertad de expresión y la memoria histórica, la funcionaria construye un marco de orden público y protección legal que busca invalidar cualquier reclamo político mediante la descalificación moral.