La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado graves violaciones contra menores reclutados por las extintas Farc entre 1971 y 2016, incluyendo 62 ejecuciones extrajudiciales. Los testimonios de 214 víctimas revelan que los menores eran fusilados o torturados por faltas cotidianas como comer panela sin permiso, quedarse dormidos en la guardia o intentar comunicarse con sus familias. La magistrada Lily Rueda detalló que los menores carecían de capacidad para cuestionar órdenes y eran sometidos a entrenamientos militares extremos, privación de alimentos y violencia reproductiva. La Sala de Reconocimiento de Verdad ha citado a nueve antiguos integrantes de la guerrilla para que reconozcan su responsabilidad en estos crímenes de guerra y lesa humanidad. Los imputados, entre quienes figuran mandos regionales, tienen un plazo de 20 días para aceptar los cargos o enfrentar un juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión. Esta decisión se suma a la convocatoria de seis exmiembros del antiguo Secretariado para una audiencia pública de reconocimiento programada para abril de 2027. El tribunal ha identificado dos patrones principales de violencia: el primero abarca torturas, tratos crueles y ejecuciones sin garantías, mientras que el segundo se centra en violencias reproductivas, incluyendo anticoncepción y abortos forzados. Según los registros de la JEP, al menos 18.677 menores fueron reclutados durante el conflicto, con 11.319 víctimas acreditadas en el Caso 07. La institución continúa además con la búsqueda de 533 niños y niñas que permanecen desaparecidos tras su paso por las filas de la organización armada.

Análisis político

La estrategia de la JEP se centra en la individualización de la responsabilidad mediante la imputación de mandos regionales, forzando a los excombatientes a elegir entre el reconocimiento público de los hechos o el riesgo de penas privativas de la libertad. Este proceso busca desmantelar la narrativa de la obediencia debida, exponiendo cómo la disciplina interna se utilizó como herramienta de control absoluto sobre los menores, incluso para actos de violencia extrema. El evento posiciona a las víctimas como el eje central de la justicia restaurativa, obligando a los antiguos líderes a confrontar sus actos en audiencias públicas. Mientras los exjefes pierden legitimidad política al quedar expuestos ante la crudeza de los testimonios, la JEP refuerza su autoridad institucional al demostrar capacidad técnica para documentar patrones sistemáticos de violencia, construyendo una verdad histórica que dificulta cualquier intento de minimizar la gravedad de los crímenes cometidos contra la infancia durante el conflicto.