La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la presentación de nuevas iniciativas normativas, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para fortalecer el control aduanero y tecnológico. Estas medidas buscan combatir la evasión tributaria, el contrabando y las economías criminales, adaptándose a nuevas modalidades de delitos transnacionales y cibercriminalidad. El director de la entidad, Andrés Felipe Velásquez, señaló que la estrategia se enfocará en la recuperación de cartera, la lucha contra la evasión mediante el cruce de datos y la facilitación del cumplimiento tributario. Como parte del balance de gestión, la entidad reportó la aprehensión de mercancías ilegales por un valor superior a los $151.000 millones desde el inicio del actual Gobierno hasta el 11 de octubre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 82,6% en comparación con el mismo periodo de la administración anterior, logrando resultados significativos con un número similar de operativos. Entre los sectores más afectados por estas incautaciones se encuentran los textiles, cigarrillos, maquinaria y aparatos electrónicos. Los operativos han contado con apoyo de cooperación internacional y se han concentrado en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali, donde se intervino una bodega con mercancía avaluada en $38.520 millones. El Gobierno busca ampliar el control sobre activos en el exterior, criptoactivos y facturación electrónica para identificar irregularidades. Mientras el Ejecutivo defiende la modernización de la entidad, sectores sindicales han expresado preocupaciones sobre una posible reestructuración que afecte la estabilidad de los funcionarios.

Análisis político

La estrategia gubernamental se centra en la tecnificación de la fiscalización y la cooperación internacional para legitimar su gestión económica, utilizando el aumento en las incautaciones como un indicador de eficiencia administrativa. Al vincular el contrabando con la seguridad nacional y las economías criminales, el Gobierno construye una narrativa de orden y autoridad que busca justificar reformas estructurales en la Dian y el sistema tributario. El Gobierno gana capital político al mostrar resultados tangibles en la lucha contra la ilegalidad, lo cual es respaldado por actores regionales como los gobernadores, quienes ven en el control del contrabando una fuente de protección para las rentas departamentales. Por otro lado, los sindicatos de la entidad emergen como un contrapeso, advirtiendo que la modernización no debe traducirse en un debilitamiento institucional, lo que anticipa una tensión política sobre el futuro laboral y operativo de la institución.