La Policía de Investigaciones detuvo a una estudiante de 19 años tras amenazar con instalar una bomba en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. La alerta fue emitida por la plataforma Meta, lo que permitió a la Brigada del Cibercrimen identificar a la joven en la comuna de Estación Central. La imputada, sin antecedentes previos, fue formalizada y quedó con medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse al recinto universitario afectado. Este hecho se suma a la reciente detención de un joven de 22 años, apodado 'Amermelao', quien amenazó con cometer masacres en la Universidad de Santiago, la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. El sujeto, que aseguraba pertenecer a una organización terrorista, fue capturado en Lo Espejo tras una investigación que involucró el rastreo de correos electrónicos y perfiles en redes sociales. Sus acciones provocaron que diversas instituciones de educación superior suspendieran sus actividades presenciales por seguridad. Las autoridades judiciales han enfatizado que, independientemente de si las amenazas fueron concebidas como bromas o desafíos inmaduros, constituyen delitos graves que alteran el orden público. La Fiscalía ha logrado acreditar la participación de ambos imputados mediante la incautación de evidencia digital en sus domicilios. Los casos han generado un debate sobre la seguridad en los campus y la responsabilidad penal ante publicaciones realizadas en entornos digitales.

Análisis político

Se observa una estrategia de respuesta rápida por parte del Ministerio Público y la PDI, utilizando la colaboración directa con plataformas tecnológicas para identificar a los responsables en tiempo récord. Esta capacidad de respuesta busca disuadir la proliferación de amenazas digitales que, aunque a menudo carecen de capacidad operativa real, generan un alto impacto en la percepción de seguridad y obligan a las instituciones a paralizar sus actividades académicas. En este escenario, las universidades y el Estado ganan al demostrar control sobre la situación, mientras que los imputados pierden su libertad y enfrentan procesos judiciales que marcan sus antecedentes. La narrativa oficial se construye desde la gravedad del delito, desestimando cualquier justificación de 'broma' o 'juego', mientras que las defensas intentan minimizar la intención delictiva para suavizar las medidas cautelares ante el tribunal.