La detención del consultor político argentino Fernando Cerimedo en Bolivia, bajo cargos de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, provocó la difusión de desinformación en redes sociales. Diversos usuarios viralizaron un video asegurando que mostraba una granja de bots incautada durante los allanamientos a sus propiedades. Sin embargo, verificaciones independientes confirmaron que el registro es falso y corresponde a contenido generado con inteligencia artificial o a videos antiguos grabados en otros países.

Análisis político

La estrategia política observada en Chile busca capitalizar la detención de Cerimedo para cuestionar la integridad de campañas electorales pasadas, específicamente la del Rechazo. Parlamentarios oficialistas han iniciado gestiones para fiscalizar posibles vínculos contractuales entre el consultor y figuras del entorno de José Antonio Kast, intentando establecer una narrativa de financiamiento irregular o uso de tácticas digitales ilícitas en la política local. Por otro lado, los sectores aludidos intentan desmarcarse, calificando las acusaciones como intentos de desprestigio sin sustento directo. El evento genera un desgaste reputacional para quienes fueron vinculados con las operaciones de Numen Group, mientras que la oposición al gobierno actual intenta minimizar el impacto señalando la falta de pruebas concretas sobre una relación cercana o actual con el consultor argentino.

La Fiscalía de Bolivia detuvo al consultor político argentino Fernando Cerimedo en el marco de una investigación por presunto feminicidio en grado de tentativa y enriquecimiento ilícito. Durante los allanamientos realizados en La Paz, las autoridades incautaron dinero en efectivo y equipos electrónicos descritos como una mini granja de bots. Este hallazgo ha generado repercusiones en Chile debido a los vínculos previos del asesor con campañas políticas y figuras del entorno de José Antonio Kast.

Análisis político

La estrategia política observada en Chile tras este evento se centra en la fiscalización y el control de daños, donde parlamentarios oficialistas buscan esclarecer posibles nexos entre servicios digitales extranjeros y el financiamiento de campañas electorales pasadas. La narrativa se construye mediante la asociación de Cerimedo con tácticas de desinformación, intentando vincular a sectores de la derecha chilena con operaciones digitales opacas, mientras que los sectores aludidos intentan desmarcarse de cualquier relación directa o contractual con el consultor. En este escenario, el oficialismo gana terreno al instalar un debate sobre la transparencia en el uso de redes sociales y el financiamiento electoral, mientras que el sector opositor vinculado a las gestiones de Cerimedo pierde capital político al quedar expuesto a cuestionamientos sobre la legitimidad de sus estrategias digitales. La desinformación circulante, que incluyó videos falsos sobre el operativo, demuestra cómo el evento es utilizado por diversos actores para polarizar la opinión pública y validar sus propias agendas sobre la ética en la comunicación política.