La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos por graves hechos ocurridos el 17 de agosto en el Liceo Rayen Mapu de Quellón. Según los antecedentes, funcionarios de Carabineros habrían obligado a dos estudiantes de segundo medio a desvestirse y realizar sentadillas frente a sus compañeros durante un procedimiento por el supuesto hurto de un teléfono celular. El organismo solicitó investigar posibles delitos de apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes y vejación injusta. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, calificó el actuar policial como de extrema gravedad, enfatizando que la presencia de agentes del Estado en establecimientos educacionales no suspende los derechos fundamentales de los menores. La institución pidió derivar a los afectados a la Unidad de Víctimas y Testigos para evaluar sus necesidades de protección y reparación. Por su parte, el Centro de Estudiantes del liceo condenó la exposición pública de los jóvenes y cuestionó la falta de una investigación previa antes de someterlos a dicho procedimiento. Carabineros de Chile informó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer las responsabilidades internas y los protocolos aplicados durante el operativo. Paralelamente, el Colegio de Profesores calificó el episodio como una vulneración a los derechos básicos que retrotrae a épocas oscuras del país. La diputada Emilia Schneider anunció que recurrirá a la Superintendencia de Educación para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos en este caso.

Análisis político

El evento pone en evidencia la tensión constante en la política chilena entre la demanda ciudadana por mayor seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente en entornos protegidos como los establecimientos educacionales. La estrategia de la Defensoría de la Niñez busca marcar un límite institucional claro frente a la discrecionalidad policial, utilizando la vía judicial para elevar el costo político de procedimientos que vulneran la dignidad de menores. Esta acción busca sentar un precedente sobre la obligatoriedad de los protocolos de actuación, incluso ante delitos flagrantes o sospechas de hurto. En este escenario, Carabineros pierde legitimidad al quedar expuesto ante una denuncia de abuso de poder, lo que obliga a la institución a activar mecanismos de control interno para contener el daño reputacional. Por otro lado, actores políticos y gremiales como el Colegio de Profesores y parlamentarios oficialistas construyen una narrativa de defensa de los derechos humanos y protección de la infancia, diferenciándose de las políticas de mano dura. La construcción de esta narrativa permite a estos sectores posicionarse como garantes de la integridad de los estudiantes frente a lo que califican como un actuar desproporcionado del Estado.