Denuncian a hermanas Guerrero por presunta intervención irregular en el Ministerio de Igualdad
Resumen
El agente liquidador del Ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana y Verónica Guerrero. La acusación señala que ambas habrían ejercido un poder de facto e intervenido de manera irregular en el Consejo Directivo de FonIgualdad, el fondo financiero de dicha cartera. Según el denunciante, las hermanas participaron en sesiones, tomaron decisiones y emitieron directrices sin tener competencia legal ni vinculación oficial con el ministerio.
La denuncia detalla que Juliana Guerrero, quien recientemente fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal tras falsificar sus títulos profesionales, habría asistido a reuniones alegando representar al Ministerio del Interior. Rodríguez cuestionó la presencia de las hermanas en espacios de toma de decisiones, calificando sus acciones como una intromisión indebida en el gobierno corporativo del fondo. El funcionario enfatizó que estas actuaciones representan presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio nacional.
Este evento ocurre en el marco del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, una entidad bandera del gobierno anterior. Las autoridades actuales buscan esclarecer cómo personas sin atribuciones institucionales lograron influir en el rumbo de la entidad y en la gestión de sus recursos. La Fiscalía deberá determinar ahora el alcance de la participación de las hermanas Guerrero y si existieron irregularidades en el manejo de las sesiones directivas.
Análisis Político
La estrategia política de Jhon Milton Rodríguez se centra en la denuncia pública de irregularidades administrativas para deslegitimar la gestión del gobierno anterior y consolidar su rol como agente liquidador. Al exponer la supuesta influencia de figuras cercanas al petrismo en la toma de decisiones, Rodríguez construye una narrativa de transparencia y lucha contra la corrupción que busca marcar una ruptura clara con la administración previa.
En este escenario, el gobierno de De la Espriella gana capital político al presentarse como un ente fiscalizador que pone en evidencia el desorden institucional, mientras que las hermanas Guerrero y el legado del gobierno de Gustavo Petro pierden credibilidad ante la opinión pública. La construcción de la narrativa se divide entre quienes denuncian un uso indebido del poder estatal y quienes ven en estas acciones una persecución política en medio de un proceso de liquidación administrativa.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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