El proyecto inmobiliario Alto Santorini, valorado en 43,6 millones de dólares, obtuvo su aprobación ambiental el pasado 8 de julio tras años de tramitación. La iniciativa, ubicada en las dunas de Concón, cuenta con la participación de Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien posee una participación indirecta del 12% a través de sociedades familiares. El proceso de evaluación fue reactivado y concluido bajo el marco de una política gubernamental diseñada por el Ministerio de Hacienda para agilizar inversiones estancadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La aprobación se concretó a pesar de las advertencias técnicas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que mantuvo reparos sobre el riesgo de remociones en masa en el sector. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso desestimó estas observaciones argumentando que la geomorfología no constituye un objeto de protección dentro del sistema actual. La resolución final estableció que el estudio sobre riesgos geológicos deberá ser presentado por la empresa como parte de un plan de contingencia posterior a la autorización. El ministro Jorge Quiroz ha negado cualquier conflicto de interés o influencia indebida en la aprobación de este proyecto. El secretario de Estado sostuvo que su gestión se limita a acelerar los procesos administrativos de los organismos públicos y que no tiene competencia directa sobre las decisiones ambientales. Por su parte, diversas voces han cuestionado la falta de transparencia del Comité de Proyectos en el SEIA, instancia liderada por Hacienda que carece de actas públicas y registros de sus criterios de priorización.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la desburocratización del Estado bajo el concepto de lucha contra la 'permisología', una narrativa que busca dinamizar la inversión privada mediante el control estricto de los plazos administrativos. Esta táctica permite al Ejecutivo mostrar resultados económicos tangibles, pero genera vulnerabilidades en términos de probidad cuando los mecanismos de aceleración carecen de mecanismos de control público, como actas o criterios de selección transparentes. En este escenario, el gobierno y el ministro Quiroz pierden capital político al quedar expuestos a cuestionamientos sobre conflictos de interés, mientras que la oposición y organizaciones de la sociedad civil ganan terreno al instalar un debate sobre la opacidad en la toma de decisiones. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo defiende su gestión como una medida técnica de eficiencia administrativa, sus críticos la interpretan como una forma de discrecionalidad que favorece intereses privados vinculados a las propias autoridades.

El proyecto inmobiliario Alto Santorini, valorado en US$43,6 millones, obtuvo su calificación ambiental favorable el pasado 8 de julio. La iniciativa, ubicada en las dunas de Concón, cuenta con la participación de Víctor Quiroz, hermano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien posee una participación indirecta del 12% y actuó como diseñador y lobista. La aprobación ocurrió bajo el marco del plan gubernamental contra la permisología, liderado por la cartera de Hacienda para acelerar proyectos de inversión estancados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la tecnocratización de la inversión mediante el uso de mecanismos de aceleración administrativa, los cuales son presentados como una solución a la burocracia estatal. Esta narrativa permite al Ejecutivo justificar la intervención de Hacienda en procesos sectoriales bajo el discurso de la eficiencia económica, aunque la falta de transparencia en los criterios de priorización del comité interministerial debilita la legitimidad del proceso y expone al gobierno a críticas por posibles conflictos de interés.