La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, priorizar la reglamentación y ejecución de la Ley 2590 de 2026. Esta norma, sancionada por el gobierno saliente, endurece las penas por el reclutamiento ilícito y el uso de menores en actividades delictivas. La entidad enfatizó que la firma del documento es solo el primer paso y que su efectividad depende de la capacidad estatal para financiar y poner en marcha los mecanismos previstos. El organismo de control detalló una hoja de ruta que incluye la creación de un Equipo Nacional de Acción Inmediata y la puesta en funcionamiento de un Observatorio Nacional de Reclutamiento. Asimismo, exigió la elaboración de un documento Conpes y la actualización de la política pública de prevención en el transcurso del primer año de vigencia. Estas medidas buscan fortalecer la respuesta institucional ante el uso de menores por parte de grupos armados y organizaciones criminales. La Defensoría también subrayó la necesidad de implementar protocolos para bloquear contenidos digitales de reclutamiento y mejorar la infraestructura educativa en zonas de alto riesgo. La entidad reiteró que la protección de la niñez requiere una presencia integral del Estado en los territorios y una estrategia que involucre a familias y comunidades. El cumplimiento de estas acciones será monitoreado mediante el sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.

Análisis político

La estrategia de la Defensoría del Pueblo se centra en ejercer una presión técnica y política temprana sobre la administración entrante, utilizando la nueva ley como un marco de exigibilidad. Al listar tareas específicas y plazos, la entidad busca evitar que la norma se convierta en un saludo a la bandera y obliga al nuevo gobierno a definir su postura frente a la protección de la infancia desde el inicio de su mandato. En este escenario, la Defensoría se posiciona como un actor vigilante que capitaliza el consenso social sobre la protección de menores para condicionar la agenda del Ejecutivo. El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el desafío de asumir una política sancionada por su antecesor, lo que pone a prueba su capacidad de gestión y su voluntad política para dar continuidad a las estrategias de seguridad y derechos humanos heredadas.

La Defensoría del Pueblo instó al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella a priorizar la reglamentación y ejecución de la Ley 2590 de 2026. Esta norma, sancionada por la administración saliente, endurece las penas por el reclutamiento ilícito y el uso de menores en actividades delictivas. La entidad enfatizó que la firma del documento es solo un primer paso y que su impacto real dependerá de la capacidad estatal para financiar y poner en marcha los instrumentos previstos. El organismo de control presentó una hoja de ruta con seis tareas urgentes para la nueva administración. Entre las solicitudes destacan la creación de un documento Conpes, la puesta en marcha de un Equipo Nacional de Acción Inmediata y la implementación de un Observatorio Nacional de Reclutamiento. Asimismo, se requiere la adopción de protocolos para bloquear contenidos digitales de reclutamiento y un plan de fortalecimiento educativo en los municipios con mayor riesgo. La Defensoría subrayó que la prevención no debe limitarse a la reacción institucional tras la vulneración de derechos. La entidad abogó por una presencia integral del Estado en los territorios y una articulación efectiva entre las instituciones para reducir los factores de riesgo. El monitoreo de la situación continuará mediante el sistema de Alertas Tempranas para asegurar que la ley se traduzca en medidas concretas de protección para la infancia.

Análisis político

La estrategia de la Defensoría del Pueblo busca blindar la continuidad de una política pública de Estado frente al cambio de administración, utilizando la nueva ley como un marco vinculante que obliga al gobierno entrante a actuar. Al listar tareas técnicas específicas, la entidad traslada la responsabilidad de la ejecución al Ejecutivo, dificultando que la nueva administración ignore el problema sin incurrir en una omisión política evidente. En este escenario, la Defensoría gana legitimidad como garante de derechos humanos al marcar la agenda de seguridad infantil, mientras que el gobierno de Abelardo De la Espriella enfrenta la presión de demostrar voluntad política en un tema sensible. La narrativa se construye desde la tecnocracia y la protección de derechos, contrastando con la posible visión de seguridad del nuevo gobierno, lo que obliga a una negociación implícita sobre la prioridad presupuestal y operativa de la norma.