La muerte de tres menores de edad durante una operación militar en El Retorno, Guaviare, ha generado un intenso debate sobre los protocolos de la Fuerza Pública. La defensora del Pueblo, Iris Marín, exigió extremar las precauciones y evaluar alternativas operativas cuando exista información sobre la presencia de niños en objetivos militares. La funcionaria enfatizó que los menores reclutados forzosamente deben ser considerados víctimas y no combatientes, independientemente de su vinculación con grupos armados. Por su parte, el Ministerio de Defensa defendió la legalidad del operativo, calificando a los fallecidos como combatientes en función continua y señalando que el reclutamiento es una práctica criminal de los grupos ilegales. Esta postura ha sido duramente criticada por sectores políticos que cuestionan la proporcionalidad de las acciones militares y la protección estatal hacia la infancia. La Defensoría también advirtió sobre la magnitud del reclutamiento forzado, reportando 97 casos en lo que va de 2026, aunque aclaró que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro por miedo y desconfianza institucional. La entidad instó a reactivar la Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento (Ciprunna) para abordar el problema de manera estructural. Paralelamente, desde el Congreso se han propuesto medidas de máxima severidad, incluyendo la posibilidad de prisión perpetua para quienes instrumentalicen a menores en el conflicto.

Análisis político

El evento revela una confrontación narrativa entre la visión de seguridad del Ejecutivo, que prioriza la neutralización de grupos armados bajo estándares legales, y la visión de derechos humanos de la Defensoría, que exige una protección diferenciada para los menores. El Gobierno busca legitimar sus operaciones militares como un golpe necesario contra el crimen, mientras que la Defensoría y sectores de oposición utilizan las bajas de menores para cuestionar la eficacia y la ética de la estrategia de seguridad actual. En términos políticos, el Gobierno corre el riesgo de erosionar su capital político si se percibe una falta de cuidado en la protección de la infancia, un tema sensible para la opinión pública. Por otro lado, la oposición aprovecha el evento para capitalizar el descontento, señalando supuestas fallas en la prevención del reclutamiento y exigiendo medidas punitivas extremas. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven a los menores como víctimas de un Estado ausente y quienes los ven como instrumentos de guerra de los grupos ilegales, dejando poco espacio para un consenso sobre la política de seguridad.

La muerte de tres menores de edad durante un bombardeo contra disidencias en El Retorno, Guaviare, ha generado una fuerte controversia sobre los protocolos de la Fuerza Pública. La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al Gobierno a extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas operativas cuando exista información sobre la presencia de niños en objetivos militares. La funcionaria enfatizó que los menores reclutados forzosamente mantienen su condición de víctimas y no deben ser considerados combatientes, contradiciendo la postura del presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Análisis político

El evento evidencia una confrontación narrativa entre la Defensoría del Pueblo, que prioriza el enfoque de derechos humanos y protección de víctimas, y el Ejecutivo, que mantiene una línea de seguridad centrada en la neutralización de grupos armados. Esta tensión política se agudiza por el uso de cifras de reclutamiento como herramienta de confrontación ideológica, donde sectores de oposición responsabilizan al gobierno anterior por el aumento del fenómeno, mientras el actual gobierno enfrenta presiones para endurecer las penas mediante un nuevo Estatuto Antiterrorista. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen mano dura contra los grupos armados, pero pierde capital político ante organismos de control y defensores de derechos humanos que cuestionan la proporcionalidad de sus operaciones. La construcción de narrativas opuestas permite a los actores políticos capitalizar el dolor de las familias para validar sus agendas: el oficialismo justifica la acción militar como una respuesta necesaria contra el crimen, mientras la oposición y la Defensoría exigen una reconfiguración de la estrategia estatal para evitar la victimización de menores.