La Defensoría del Pueblo presentó el informe titulado 'Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir', diseñado como un insumo técnico para la administración del presidente Abelardo de la Espriella y el nuevo Congreso. El documento compila indicadores sobre desigualdad, violencia armada, crisis ambiental y garantías democráticas, buscando establecer una línea base para la formulación de políticas públicas. La defensora Iris Marín Ortiz enfatizó que, aunque existen avances en ciertos indicadores sociales, persisten brechas estructurales y nuevas formas de violencia que afectan desproporcionadamente a los territorios más vulnerables. El informe destaca una preocupante transformación en el conflicto armado, evidenciada por un incremento del 146 % en el uso de drones para ataques entre enero y mayo de 2026, los cuales han dejado 21 víctimas mortales y 145 heridos. Asimismo, la entidad reporta la vigencia de 120 alertas tempranas que cubren 396 municipios, donde grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo mantienen presencia y control. La situación de seguridad también se refleja en las agresiones contra la prensa, con 711 casos registrados desde 2025, y el asesinato de 12 periodistas entre 2020 y 2026. En cuanto a los desafíos sociales y ambientales, el reporte señala que la pobreza monetaria disminuyó al 28 % en 2025, pero advierte sobre la persistencia de la inseguridad alimentaria en zonas rurales y la alta concentración de la tierra. La deforestación aumentó a 119.483 hectáreas en 2025, con la Amazonía como el epicentro de esta problemática. Finalmente, la Defensoría subraya la necesidad de priorizar la salud mental y la protección de líderes sociales, tras registrarse 1.743 asesinatos de defensores de derechos humanos en la última década.

Análisis político

La estrategia de la Defensoría del Pueblo consiste en institucionalizar un diagnóstico técnico que limite el margen de maniobra del nuevo Gobierno, obligándolo a reconocer una realidad de violencia fragmentada y sofisticada. Al presentar cifras sobre el uso de drones y la expansión territorial de grupos armados, la entidad posiciona la seguridad y la protección civil como los ejes ineludibles de la agenda estatal, desplazando cualquier narrativa de optimismo gubernamental hacia una de gestión de crisis. En este escenario, la sociedad civil y las comunidades rurales son las principales perdedoras, al quedar expuestas a una violencia que se tecnifica y se vuelve más difícil de contener. Por su parte, el Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de construir una narrativa que equilibre los avances sociales reportados con la cruda realidad de seguridad, mientras que la Defensoría se consolida como el actor que marca el estándar de evaluación para el éxito o fracaso de la nueva administración.