Defensas en caso Sartor utilizan fallo de la Suprema para cuestionar imputaciones de Fiscalía
Resumen
La audiencia de formalización del caso Sartor entró en su etapa de réplicas y dúplicas, centrándose en el impacto de un reciente fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró ilegal la primera revocación de la licencia de la administradora dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2024, argumentando la falta de un debido proceso administrativo. Los abogados defensores de los imputados, incluyendo a los hermanos Larraín y Michael Clark, sostienen que este dictamen debilita los fundamentos de la Fiscalía al cuestionar la base administrativa sobre la cual se construyó la persecución penal.
El Ministerio Público, representado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, ha desestimado el impacto del fallo en la causa penal. El persecutor Juan Pablo Araya argumentó que existen otras resoluciones administrativas posteriores que ratifican las sanciones de la CMF y que la investigación penal se sustenta en pruebas documentales, correos y contratos que acreditarían la participación directa de los imputados en operaciones irregulares. La Fiscalía insiste en que la responsabilidad penal es independiente de los vicios procedimentales administrativos señalados por la Suprema.
La relevancia de este evento radica en la tensión entre la sede administrativa y la penal durante el proceso de formalización. Mientras las defensas buscan instalar un manto de duda sobre la solidez de la acusación, los querellantes y el Ministerio Público recalcan que la anulación de la primera revocación no elimina las actuaciones posteriores ni los delitos investigados. La disputa legal continúa en el Centro de Justicia, donde se definen las medidas cautelares para los cinco imputados principales.
Análisis Político
La estrategia de las defensas en este caso busca desacreditar la legitimidad del actuar estatal, utilizando un triunfo administrativo para intentar erosionar la credibilidad de la Fiscalía ante el tribunal. Al vincular la ilegalidad de la CMF con la supuesta fragilidad de la imputación penal, los abogados intentan transformar un tecnicismo procedimental en un argumento de fondo sobre la inexistencia de perjuicios o delitos, buscando evitar medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva.
En este escenario, el Ministerio Público pierde terreno en la narrativa pública al verse obligado a defender la coherencia de su investigación frente a un fallo adverso del máximo tribunal, mientras que los imputados ganan un argumento táctico para dilatar o debilitar la percepción de solidez de la causa. La construcción de narrativas es divergente: la defensa posiciona al regulador como un actor arbitrario que destruyó valor, mientras que la Fiscalía mantiene el foco en la administración desleal y el fraude, intentando aislar el error administrativo de la conducta penal investigada.
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