La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió remitir a la Fiscalía General de la Nación el expediente contra Armando Benedetti por presuntas irregularidades en la DIAN. El alto tribunal determinó que carece de competencia para investigar al exministro, debido a que los hechos denunciados ocurrieron en 2024, cuando este ya no ostentaba la investidura de senador. La investigación tiene su origen en las denuncias del exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, quien señaló a diversos políticos por presionar nombramientos y traslados en aduanas estratégicas. El caso de Benedetti se diferencia de la situación de otros 32 congresistas y excongresistas mencionados en el mismo listado de recomendaciones. La Corte Suprema dictó un auto de inhibición y archivó la indagación preliminar contra estos legisladores al considerar que no existían elementos suficientes para configurar el delito de tráfico de influencias. Según el tribunal, los nombramientos finales en la DIAN fueron ejecutados bajo la discrecionalidad legal del director general, sin que se demostrara un condicionamiento indebido por parte de los parlamentarios. La remisión del expediente a la Fiscalía no implica una declaración de responsabilidad penal ni una condena contra Benedetti. El ente investigador deberá analizar las pruebas, que incluyen el envío de hojas de vida para cargos en Barranquilla y Cartagena, para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. Por su parte, el exministro ha negado haber ejercido presiones indebidas durante el desarrollo de esta controversia política.

Análisis político

La estrategia judicial se centra en la delimitación estricta de competencias, donde la Corte Suprema utiliza el factor temporal para despojarse de un caso políticamente sensible, trasladando la carga de la prueba a la Fiscalía. Esta maniobra permite al alto tribunal cerrar el capítulo de los congresistas activos mediante el archivo, mientras mantiene el proceso de Benedetti en la justicia ordinaria, evitando así un desgaste institucional mayor frente a la opinión pública. En este escenario, el gran perdedor es Armando Benedetti, quien queda expuesto a una investigación penal ordinaria sin el blindaje del fuero constitucional. Por el contrario, los 32 congresistas logran un alivio político inmediato al ser desvinculados de la indagación. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: mientras los legisladores son presentados como actores que ejercieron gestiones dentro de la normalidad burocrática, el caso de Benedetti se mantiene bajo sospecha, permitiendo que el debate sobre el tráfico de influencias y las cuotas políticas en la DIAN siga vigente en la agenda pública.