El Senado de Paraguay rechazó la solicitud del presidente Santiago Peña de aplazar por 72 horas el juicio político en su contra, obligándolo a comparecer ante el Legislativo de manera inmediata. El mandatario buscaba más tiempo para preparar su defensa frente a una acusación formal de 15 páginas y cientos de anexos, argumentando que el plazo inicial de 12 horas vulneraba el debido proceso. La sesión se mantuvo en receso a la espera de la comparecencia del jefe de Estado, quien ha reiterado su intención de exponer su verdad ante la ciudadanía. La crisis política se originó tras la intervención del Banco Ueno por parte del Banco Central, debido a una grave escasez de capital que afectó a cerca de tres millones de depositantes y fondos públicos. Los legisladores acusan a Peña de presuntos conflictos de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, vinculándolo con su antigua participación accionaria en el conglomerado que controlaba dicha entidad. Aunque el mandatario vendió sus acciones en 2025, la oposición y sectores ciudadanos mantienen fuertes cuestionamientos sobre su gestión y la supervisión estatal del banco. La situación de Peña es incierta, ya que su renuncia presentada el 5 de noviembre no fue aceptada por el Congreso debido a la falta de cuórum en la sesión conjunta. Mientras el proceso de destitución avanza, el vicepresidente Pedro Alliana se perfila como su sucesor constitucional, tras haber sido excluido de los juicios políticos por la Cámara de Diputados. Paralelamente, la Fiscalía ha iniciado investigaciones penales que incluyen la detención de directivos bancarios, mientras las protestas ciudadanas exigen responsabilidades por el congelamiento de los ahorros.

Análisis político

La estrategia del oficialismo y del propio Peña ha sido errática, oscilando entre la renuncia para evitar el juicio y la posterior defensa técnica ante el Senado. Al intentar dimitir, el mandatario buscaba obtener el estatus de senador vitalicio para blindarse con fueros, una maniobra que fue bloqueada por la oposición y el abandono de sesión de legisladores oficialistas. Esta fractura dentro del Partido Colorado, evidenciada por el retiro del apoyo de Horacio Cartes, debilita la capacidad de maniobra del Ejecutivo y acelera su aislamiento político. El gran perdedor es el sistema institucional paraguayo, cuya credibilidad se ve erosionada por la crisis bancaria y la percepción de impunidad. Por otro lado, la oposición y los sectores ciudadanos ganan terreno al imponer una agenda de rendición de cuentas, utilizando el juicio político como herramienta de presión. La narrativa se construye bajo dos ejes opuestos: el gobierno intenta presentarse como víctima de un proceso apresurado que viola el debido proceso, mientras que sus detractores lo señalan como el responsable directo de un entramado de corrupción que defraudó a millones de ahorradores.