Corte Suprema ordena al Ministerio de Justicia resolver rebaja de pena a condenado
Resumen
La Corte Suprema ratificó un fallo que obliga al Ministerio de Justicia a pronunciarse sobre la solicitud de reducción de condena de un interno condenado por violación reiterada de una menor. El máximo tribunal determinó que la cartera, liderada por Fernando Rabat, debe acoger o rechazar la petición a la brevedad, aunque eliminó el plazo de 24 horas fijado originalmente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta resolución se produce en un contexto de alta tensión política, marcado por la suspensión total de beneficios carcelarios decretada por el Gobierno el pasado 9 de noviembre.
El ministro Fernando Rabat defendió la actuación de su cartera argumentando que la ley no establece plazos específicos para resolver estas solicitudes, postura que, según afirmó, fue ratificada por el fallo del tribunal. El secretario de Estado desmintió la existencia de un ultimátum judicial y señaló que el Ministerio continúa trabajando en la revisión de los antecedentes. Esta controversia se suma a la acusación constitucional que enfrenta el ministro en el Congreso, donde se cuestiona su gestión respecto a las rebajas de penas otorgadas previamente a condenados por delitos sexuales.
La oposición política, representada por figuras como el diputado Raúl Leiva, sostiene que el fallo desvirtúa el argumento central de Rabat sobre su supuesta falta de facultades para denegar beneficios. Según esta visión, la resolución judicial confirma que el Ministerio posee la potestad legal para rechazar las solicitudes, contradiciendo la interpretación que el ministro había defendido ante el Parlamento. El caso de Víctor Manuel Alarcón Torres, el interno involucrado, se ha convertido en un punto crítico que pone a prueba la estrategia del Ejecutivo frente a la crisis de seguridad y la normativa vigente.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se ha centrado en una defensa técnica y legalista, buscando desvincular al Ministerio de Justicia de la responsabilidad política sobre las rebajas de penas mediante la interpretación de que las comisiones regionales agotan la instancia de decisión. Sin embargo, esta narrativa ha sido erosionada por la presión judicial y parlamentaria, que exige una mayor proactividad ministerial en la protección de la niñez. La acusación constitucional contra Rabat funciona como un mecanismo de desgaste que busca capitalizar el descontento público ante la percepción de impunidad en delitos sexuales.
En este escenario, el Gobierno pierde terreno al quedar atrapado entre la rigidez de una ley que intenta derogar y la presión de los tribunales que le exigen ejercer sus facultades discrecionales. Por otro lado, la oposición gana capacidad de maniobra al utilizar el fallo de la Suprema como evidencia de que el ministro ha omitido sus deberes legales, construyendo una narrativa de negligencia administrativa. La disputa traslada el conflicto desde el ámbito judicial hacia una batalla por la legitimidad política, donde la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante casos individuales se vuelve un factor determinante para su supervivencia política.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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