El pleno de la Corte Suprema resolvió la remoción de tres jueces del Poder Judicial, entre ellos el magistrado Daniel Urrutia, tras concluir procesos disciplinarios por realizar viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas vigentes. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, confirmó que la decisión se fundamentó en el artículo 80 de la Constitución, que exige un buen comportamiento a los integrantes de la judicatura. En la misma sesión, el tribunal rechazó la remoción de otros dos magistrados, argumentando en un caso la falta de mayoría y en el otro que el involucrado no ejercía el cargo al momento de los hechos. La situación del juez Urrutia, quien se desempeñaba en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, había generado una alta expectación política y mediática. El magistrado había intentado frenar el proceso mediante recursos ante el Tribunal Constitucional y solicitudes de nulidad, alegando irregularidades y filtraciones en la tramitación de su causa. Sus viajes a Costa Rica en 2020 y Ecuador en 2022 fueron los hechos centrales que motivaron la apertura de los cuadernos de remoción, superando instancias previas donde había sido absuelto por tribunales inferiores. Esta resolución marca un hito en la depuración interna del Poder Judicial, sumando un total de 18 jueces removidos bajo la misma causal de mal uso de licencias médicas. La Corte Suprema mantiene los nombres de los afectados bajo reserva hasta que las sentencias queden ejecutoriadas, momento en el cual se oficializará la salida definitiva de los magistrados. La medida es vista como un esfuerzo institucional por recuperar la confianza ciudadana y sancionar conductas que contravienen los deberes funcionarios.

Análisis político

La remoción del juez Urrutia evidencia una estrategia de la Corte Suprema orientada a la autodepuración institucional bajo el estándar de 'buen comportamiento' constitucional, buscando mitigar las críticas por irregularidades administrativas. Esta acción permite al máximo tribunal proyectar una imagen de control y disciplina interna, neutralizando focos de conflicto que desgastaban la legitimidad del Poder Judicial ante la opinión pública y el sistema político. En este escenario, el Poder Judicial gana legitimidad procedimental al aplicar criterios uniformes, mientras que el juez Urrutia pierde su carrera judicial tras años de polémicas por sus fallos y posturas políticas. La narrativa oficial se construye desde la ética funcionaria y el cumplimiento de la ley, mientras que sectores críticos sugieren que el proceso fue utilizado para apartar a un magistrado considerado incómodo por sus pares, evidenciando la tensión entre la independencia judicial y la disciplina jerárquica.

La Corte Suprema de Chile resolvió remover de sus funciones al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, tras concluir un procedimiento disciplinario por viajes realizados al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. La decisión, adoptada por mayoría, se fundamentó en el incumplimiento del deber de buen comportamiento exigido por el artículo 80 de la Constitución. El magistrado había viajado a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022, episodios que fueron objeto de revisión por el máximo tribunal pese a un sobreseimiento previo en instancias inferiores. El pleno del tribunal también determinó la remoción de otros dos magistrados bajo los mismos cargos, mientras que rechazó la expulsión de otros dos jueces por razones técnicas y falta de quórum. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que con esta resolución se alcanza un total de 18 jueces expulsados en el marco de una serie de investigaciones sobre el uso indebido de licencias médicas. Los magistrados afectados permanecerán suspendidos de sus labores mientras se redactan y ejecutan las sentencias definitivas. La defensa de Urrutia intentó frenar el proceso mediante recursos ante el Tribunal Constitucional y solicitudes de nulidad, argumentando irregularidades procesales y filtraciones de información. El juez, con una trayectoria de 26 años, ha sido una figura controvertida en el Poder Judicial debido a sus resoluciones previas en casos vinculados al estallido social y beneficios carcelarios. La salida del magistrado marca un hito en el esfuerzo institucional por recuperar la confianza pública en la judicatura tras diversos escándalos.

Análisis político

La estrategia observada en el Poder Judicial chileno responde a una política de control disciplinario estricto bajo el amparo del artículo 80 constitucional, utilizada como herramienta para depurar la institución y restaurar su legitimidad ante la opinión pública. La cúpula judicial busca proyectar una imagen de probidad y orden interno, utilizando la remoción de jueces como un mecanismo de autorregulación frente a las crisis de confianza que han afectado al sistema en años recientes. En este escenario, la Corte Suprema se posiciona como el actor que consolida su autoridad, mientras que jueces con perfiles disruptivos o políticamente incómodos, como Urrutia, resultan los principales perdedores al ser apartados del sistema. La narrativa oficial se construye sobre la defensa del buen comportamiento y la ética funcionaria, mientras que sectores críticos sugieren que estos procesos disciplinarios podrían estar siendo instrumentalizados para desplazar a magistrados cuyas posturas jurídicas han generado tensiones con la jerarquía del Poder Judicial.