La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia presentó reparos formales al proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella. El alto tribunal advirtió que la iniciativa, en su forma actual, presenta riesgos de inconstitucionalidad y posibles vulneraciones al debido proceso. Los magistrados cuestionaron especialmente la creación de un Registro Nacional de organizaciones terroristas de carácter administrativo, señalando que sus efectos no pueden reemplazar la carga probatoria judicial ni presumir responsabilidad penal automática. El concepto del tribunal destaca que la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo podría quebrar el principio de separación de poderes al supervisar medidas judiciales. Asimismo, la Corte criticó la propuesta de aprehensión preventiva de bienes, argumentando que traslada indebidamente la carga de la prueba al afectado y carece de un soporte fáctico mínimo. El tribunal enfatizó que, aunque el objetivo de combatir el terrorismo es legítimo, las herramientas propuestas deben ajustarse para no incurrir en inflación punitiva ni afectar garantías fundamentales. El Gobierno busca implementar mecanismos similares a la lista OFAC para atacar las finanzas de grupos criminales, permitiendo el congelamiento de activos y restricciones económicas. Ante esto, la Corte insistió en que cualquier medida restrictiva debe contar con información objetiva, verificable y notificada adecuadamente al ciudadano. El proyecto, que será radicado próximamente en el Congreso, deberá integrar estas precisiones para asegurar su viabilidad jurídica y evitar choques entre las ramas del poder público.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de mano dura y eficiencia administrativa para desarticular las finanzas criminales, buscando resultados rápidos mediante facultades extraordinarias. Por su parte, la Corte Suprema despliega una estrategia de control constitucional preventivo, posicionándose como el garante de los derechos fundamentales frente a lo que considera una extralimitación del Ejecutivo en funciones judiciales. Esta tensión evidencia un choque entre la eficacia política que busca el Gobierno y la rigurosidad procesal que exige el alto tribunal. En este escenario, el Gobierno pierde margen de maniobra al ver cuestionada la solidez técnica de su propuesta insignia, lo que podría retrasar su trámite legislativo o forzar modificaciones sustanciales. La Corte, en cambio, gana legitimidad institucional al actuar como contrapeso, aunque se expone a ser señalada por sectores afines al Ejecutivo como un obstáculo para la seguridad nacional. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Gobierno apela a la urgencia de combatir el terrorismo, la Corte apela a la preservación del Estado de Derecho y la separación de poderes.