Corte ordena reincorporar a exdirectora del Hospital de San Antonio tras remoción ilegal
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por Loreto Maturana, exdirectora del Hospital Claudio Vicuña, ordenando su reincorporación inmediata y el pago de remuneraciones retroactivas. El tribunal determinó que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio vulneró el principio de legalidad al no informar de manera previa y fundada al Consejo de Alta Dirección Pública sobre su desvinculación. Esta resolución deja sin efecto la solicitud de renuncia no voluntaria y la declaración de vacancia del cargo, calificando el procedimiento como ilegal y arbitrario.
La controversia se originó en abril de 2026, pocos días después de que Maturana nombrara a la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica del recinto. La exdirectora denunció haber recibido presiones para revertir dicha designación, mientras que el Servicio de Salud argumentó que su salida respondía a una pérdida de confianza y deficiencias en la gestión de listas de espera. El fallo judicial subraya que la mera invocación de pérdida de confianza no constituye una justificación suficiente para remover a un alto directivo público sin cumplir con las formalidades legales.
El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio confirmó que apelará la sentencia ante la Corte Suprema, buscando que se revise el criterio administrativo aplicado por el tribunal de alzada. Aunque la justicia ordenó el reintegro, aclaró que la autoridad mantiene la facultad de remover a directivos de exclusiva confianza, siempre que se ajusten estrictamente a los procedimientos establecidos en la Ley N.º 19.882. Por el momento, la institución se abstuvo de emitir mayores comentarios sobre el fondo del caso mientras el proceso judicial se mantiene en tramitación.
Análisis Político
El caso evidencia una tensión recurrente en la administración pública chilena respecto a la discrecionalidad de los cargos de exclusiva confianza frente a las garantías del sistema de Alta Dirección Pública. La estrategia del Servicio de Salud buscó utilizar la figura de la pérdida de confianza para remover a una autoridad tras un nombramiento polémico, pero la falta de rigor procedimental permitió que la justicia interviniera para proteger el principio de legalidad y limitar la arbitrariedad en la gestión de cargos técnicos.
En este escenario, la exdirectora gana un respaldo institucional importante al validar su permanencia mediante la vía judicial, mientras que el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud enfrentan un revés que cuestiona sus métodos de gestión interna. La narrativa del Gobierno se ve debilitada al ser calificada como ilegal, mientras que la defensa de Maturana logra instalar la idea de una persecución política tras la contratación de una figura vinculada al oficialismo, obligando a la autoridad a enfrentar un complejo proceso de apelación ante la Corte Suprema.
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