El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió sustituir la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, imputado por el parricidio de su madre, por la medida de arresto domiciliario total. El magistrado fundamentó su decisión señalando que la cautelar más gravosa no debe transformarse en una pena anticipada y que existen otras alternativas suficientes para asegurar el desarrollo del proceso. Troncoso era el único de los tres hijos formalizados por este caso que permanecía privado de libertad en un recinto penitenciario. La defensa, encabezada por la abogada Karina Riquelme, argumentó que tras ocho meses de investigación no existe riesgo de que el imputado afecte las diligencias en curso. La Fiscalía de Los Ríos, por su parte, presentó una apelación inmediata contra la resolución del tribunal durante la misma audiencia. Esta acción legal impide que el imputado recupere su libertad de manera efectiva, manteniéndolo en calidad de detenido en tránsito. La Corte de Apelaciones de Valdivia será la instancia encargada de dirimir la situación procesal de Troncoso en los próximos días. El tribunal de alzada deberá decidir si confirma el arresto domiciliario decretado en primera instancia o si revierte la medida para mantener al imputado en prisión preventiva. El caso se originó tras la desaparición de Julia Chuñil en noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Análisis político

La estrategia judicial observada refleja una tensión constante en el sistema penal chileno entre el uso de la prisión preventiva como medida cautelar y el principio de presunción de inocencia. La defensa utiliza el argumento de la 'pena anticipada' para cuestionar la prolongación de la privación de libertad sin sentencia, mientras que el Ministerio Público prioriza la gravedad del delito de parricidio y la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado. Esta dinámica pone de relieve la discrecionalidad de los jueces de garantía frente a las pretensiones de la fiscalía. En este escenario, el Ministerio Público busca mantener su narrativa de culpabilidad y riesgo procesal, mientras que la defensa intenta desarticular la excepcionalidad de la medida cautelar. Gana terreno la defensa al lograr un fallo favorable en primera instancia, pero el resultado final depende de la Corte de Apelaciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre la eficacia de las medidas cautelares en casos de alta connotación pública. La construcción de narrativas se divide entre la protección del procedimiento penal y el derecho a la libertad personal durante la etapa de investigación.