Corte de Apelaciones sobresee a Hugo Bustamante por doble homicidio cometido en 1996
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó el sobreseimiento definitivo de Hugo Bustamante por los asesinatos de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurridos en 1996. El tribunal determinó que la acción penal prescribió al calificar los hechos como homicidios simples, revocando una condena previa de diez años dictada en primera instancia. Los restos de las víctimas fueron hallados en 2024 en el patio de la vivienda del imputado en Villa Alemana, tras una confesión realizada por el propio Bustamante a una periodista.
El caso se remonta a la desaparición de la madre y su hijo hace casi tres décadas, periodo durante el cual permanecieron como presunta desgracia. La investigación avanzó tras el hallazgo de los cuerpos en el mismo inmueble donde Bustamante cometió el crimen de Ámbar Cornejo en 2020, delito por el cual actualmente cumple presidio perpetuo calificado. La defensa de las familias afectadas sostiene que los crímenes deben ser considerados homicidios calificados, lo que ampliaría el plazo de prescripción y permitiría una sanción penal.
Los querellantes interpusieron un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema para revertir la decisión del tribunal de alzada. El objetivo de la familia es que se dicte una sentencia de reemplazo que reconozca la naturaleza calificada de los homicidios y anule el sobreseimiento. La causa se mantiene en tramitación a la espera de que el máximo tribunal fije los alegatos de clausura para emitir un fallo definitivo sobre la impunidad de estos hechos.
Análisis Político
El caso evidencia la tensión entre la aplicación técnica de los plazos de prescripción en el sistema judicial chileno y la demanda social por justicia ante crímenes de alta connotación pública. La estrategia de la defensa de las víctimas se centra en la recalificación jurídica de los delitos para interrumpir la prescripción, utilizando como argumento los nuevos crímenes cometidos por el imputado en años posteriores. Esta táctica busca forzar una interpretación que evite la impunidad en casos donde la confesión tardía del autor ha revelado una trayectoria criminal extendida.
En este escenario, el sistema judicial pierde legitimidad ante la opinión pública al aplicar criterios de prescripción sobre hechos confesados, mientras que las familias de las víctimas ganan visibilidad en su lucha por una justicia reparatoria. La narrativa se construye bajo una dicotomía clara: por un lado, el rigorismo legalista que prioriza la seguridad jurídica y los tiempos procesales, y por otro, la exigencia de justicia material que considera inaceptable que un asesino confeso evada sanciones por el simple paso del tiempo.
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