Corte de Apelaciones confirma 15 años de cárcel para Miguel Krassnoff por desaparición forzada
Resumen
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una condena de 15 años de presidio contra el exoficial de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko. La sentencia corresponde al secuestro calificado del estudiante universitario Dignaldo Herminio Araneda Pizzini, ocurrido en agosto de 1974. Con este fallo, el exmilitar acumula penas que superan los mil años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El caso se remonta a la detención de Araneda Pizzini en un domicilio de la comuna de La Reina, tras lo cual fue trasladado a los centros clandestinos Londres 38 y Cuatro Álamos. La investigación judicial, liderada por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza, estableció la responsabilidad directa de Krassnoff en la desaparición del joven militante del MIR. El tribunal de alzada confirmó íntegramente la resolución de primera instancia dictada en diciembre de 2025.
La representación legal de la familia de la víctima valoró la decisión judicial como un avance significativo en materia de verdad y reparación. La abogada querellante, Carolina Vega, destacó que el fallo constituye un acto de justicia tras décadas de espera. La defensa del condenado aún mantiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema para intentar revertir la sentencia.
Análisis Político
La estrategia judicial en Chile respecto a los crímenes de la dictadura se mantiene centrada en la persecución penal individualizada, donde la acumulación de sentencias contra figuras clave de la DINA refuerza la narrativa de justicia transicional. Este evento subraya la persistencia de los tribunales en la aplicación de penas por delitos de lesa humanidad, a pesar de los intentos de la defensa por cuestionar la legitimidad o la extensión de las condenas.
En este escenario, las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas ganan legitimidad al obtener fallos que consolidan la verdad histórica, mientras que los sectores vinculados a la defensa de exmilitares pierden terreno en su búsqueda de conmutación de penas. La construcción de la narrativa se divide entre quienes ven en estas sentencias un cierre necesario para la memoria nacional y quienes, desde la defensa, intentan posicionar el debate en torno a la proporcionalidad de las penas acumuladas.
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