La Fiscalía General de la Nación citó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a una entrevista el próximo 2 de septiembre en Montería. Esta diligencia busca fortalecer el cuestionario que deberá responder el expresidente Álvaro Uribe en la indagatoria programada para el 4 de septiembre. El proceso judicial investiga la presunta responsabilidad del exmandatario en las masacres de La Granja y El Aro, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La competencia para investigar estos hechos ha generado un conflicto jurídico entre la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Mientras la Comisión argumenta que el delito de concierto para delinquir agravado pudo extenderse hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente, la Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron durante su gestión como gobernador de Antioquia entre 1996 y 1997. El ente investigador ha rechazado la solicitud de traslado del expediente, argumentando que la hipótesis delictiva no se extiende al periodo presidencial. Ante la falta de acuerdo, la Fiscalía ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencias. A pesar de esta controversia, el ente acusador mantiene vigentes las actuaciones procesales y la citación a indagatoria. La entrevista con Mancuso es clave para corroborar testimonios previos entregados ante la Jurisdicción Especial para la Paz y otros procesos judiciales.

Análisis político

La estrategia de la defensa de Uribe, al solicitar la intervención de la Comisión de Acusación, busca trasladar el caso a un escenario político donde el fuero presidencial podría dilatar o modificar el curso de la investigación. Por su parte, la Fiscalía reafirma su autonomía al insistir en que los hechos son de competencia ordinaria, evitando que el proceso se estanque en la órbita del Congreso, donde las dinámicas de poder suelen ser más favorables a los aforados. El gran perdedor en términos de celeridad es el proceso judicial mismo, que queda supeditado a una decisión de la Corte Constitucional, mientras que el expresidente Uribe logra mantener el foco en la disputa de competencias en lugar de los hechos de fondo. La narrativa de la Comisión se construye sobre la idea de la protección del fuero presidencial, mientras que la Fiscalía se posiciona como el garante de la justicia ordinaria frente a crímenes de lesa humanidad que, según la Corte Suprema, no prescriben.