El 1.º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para dos hombres, de 49 y 55 años, formalizados por el secuestro con homicidio de su sobrina, Makarena Tolosa, desaparecida desde el 8 de mayo en Pudahuel. La Fiscalía sostiene que los imputados, quienes mantienen una versión de inocencia, habrían dado muerte a la joven para ocultar una doble vida marcada por el consumo de drogas y la explotación sexual de la víctima. El tribunal estableció un plazo de 180 días para la investigación, mientras las diligencias se concentran en la búsqueda del cuerpo en la ribera del río Mapocho. La investigación se ha visto reforzada por nuevos antecedentes, incluyendo la denuncia de un abogado que asegura haber recibido una confesión de uno de los imputados sobre un homicidio cometido contra una mujer de su círculo cercano. Asimismo, el Ministerio Público expuso la existencia de 49 transferencias bancarias realizadas por uno de los acusados hacia la víctima, lo que sugiere una dinámica de extorsión vinculada a abusos previos. Testimonios de cercanos a la joven apuntan a que estos pagos buscaban silenciar denuncias sobre delitos cometidos por los sujetos contra la víctima cuando era menor de edad. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género anunció la presentación de una querella y calificó el caso como femicidio, marcando el número 22 de este tipo en el país durante 2026. Esta postura institucional marca una diferencia técnica con la Fiscalía, que mantiene la causa bajo la figura de secuestro con homicidio. La ministra Judith Marín enfatizó que el Gobierno busca evitar la impunidad y garantizar que el proceso judicial esclarezca las responsabilidades en este crimen de género.

Análisis político

La estrategia política observada en este caso refleja una creciente presión institucional por tipificar la violencia contra la mujer bajo la figura de femicidio, buscando visibilizar la perspectiva de género en delitos que, en el sistema judicial, se procesan inicialmente bajo figuras penales más genéricas como el secuestro con homicidio. Esta construcción narrativa permite al Ejecutivo posicionarse como un actor activo en la defensa de los derechos de las mujeres, diferenciándose de la frialdad técnica del Ministerio Público, que prioriza la evidencia fáctica y la tipificación penal estricta para asegurar condenas. En este escenario, el Estado y la Fiscalía ganan legitimidad al avanzar en un caso de alta connotación pública, mientras que los imputados pierden cualquier margen de maniobra tras la revelación de sus antecedentes y la falta de colaboración. La construcción de narrativas distintas es evidente: mientras los acusados intentan desvincularse mediante versiones contradictorias, el Ministerio de la Mujer utiliza el caso para reforzar una agenda política de tolerancia cero contra la violencia de género, transformando un suceso criminal en un símbolo de la lucha contra la impunidad.