El coronel de la Policía Jorge Delgado fue apartado de su cargo en el esquema de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 24 de agosto. El oficial, quien fungía como enlace entre la institución policial y el nuevo gobierno, había acompañado recientemente al mandatario en visitas a zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Su salida se produce en medio de versiones que señalan restricciones operativas y de salud para portar armas, además de investigaciones judiciales en curso. Las investigaciones vinculan al coronel Delgado con un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el uso irregular de municiones, armas y explosivos. Según expedientes judiciales, el oficial habría intentado intervenir telefónicamente a favor de uniformados capturados durante la operación Ares en 2025, la cual desarticuló una red que desviaba material oficial para polígonos privados. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre su idoneidad para integrar el círculo de protección presidencial más cercano. El coronel Delgado ha negado categóricamente las acusaciones y la existencia de expedientes disciplinarios vigentes en su contra. En sus declaraciones, atribuyó su desvinculación a intrigas internas y aclaró que cualquier impedimento médico previo para portar armas ya fue superado. Por su parte, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre las razones específicas de la remoción del oficial.

Análisis político

La salida de Delgado refleja una estrategia de control de daños por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca blindar su esquema de seguridad ante los escándalos de corrupción que salpican a la cúpula policial. Al apartar a un funcionario vinculado a investigaciones por tráfico de influencias, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de transparencia y rigor institucional, evitando que las controversias judiciales de sus colaboradores afecten la legitimidad de la nueva administración en sus primeras semanas. El evento evidencia una narrativa en disputa: mientras el Gobierno y los medios de comunicación enfocan la salida en las investigaciones penales y las restricciones operativas del oficial, Delgado intenta construir una narrativa de víctima de persecución interna y envidias. En este escenario, el Gobierno gana al distanciarse de un activo cuestionado, mientras que el coronel pierde su posición de poder y enfrenta un desgaste reputacional significativo que podría comprometer su carrera dentro de la institución policial.