La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por 226.718 millones de pesos contra la liquidada Medimás EPS, la firma Esimed y seis de sus exdirectivos. Esta decisión, ejecutoriada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, responde a un detrimento patrimonial detectado en el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El organismo de control identificó cinco conductas irregulares, entre las que destacan anticipos no legalizados, pagos por servicios médicos superiores a los contratados y compras de medicamentos por encima de los precios regulados. El componente más significativo del desfalco corresponde a anticipos aprobados y pagados que nunca fueron amortizados, los cuales ascienden a 205.808 millones de pesos. Adicionalmente, se hallaron desembolsos injustificados por facturas con inconsistencias, pagos en exceso y sobrecostos en servicios médicos. La responsabilidad recae de manera solidaria sobre las entidades mencionadas y un grupo de exfuncionarios que ocuparon cargos de presidencia, vicepresidencia jurídica, administrativa, financiera y gerencia de tesorería. Este fallo se suma a una sanción previa emitida en 2024 contra Medimás por 89.828 millones de pesos, relacionada con irregularidades similares como el pago de servicios a personas fallecidas. La Contraloría enfatizó que esta medida es definitiva y busca proteger los recursos públicos del sistema de salud. La entidad reportó que, durante la actual administración, ha proferido más de mil fallos de responsabilidad fiscal, logrando la recuperación de 4,41 billones de pesos para el Estado.

Análisis político

La estrategia política de la Contraloría se centra en la exhibición de resultados concretos mediante la lucha contra la corrupción en el sector salud, un tema de alta sensibilidad pública. Al dejar en firme fallos de gran cuantía, el organismo busca legitimar su gestión y proyectar una imagen de eficiencia en la recuperación de recursos públicos, utilizando el cobro coactivo como herramienta de presión institucional. El gran ganador es la Contraloría, que fortalece su narrativa de control y vigilancia sobre el erario, mientras que los exdirectivos y las entidades liquidadas pierden al quedar señalados por un detrimento patrimonial masivo. Se construye una narrativa donde el Estado actúa como garante de la salud frente a la mala gestión privada, diferenciando esta administración de periodos anteriores al enfatizar la cifra de recursos recuperados y la cantidad de procesos activos.