Una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío reveló que dos médicos especialistas en Anestesiología, beneficiarios de becas estatales, trabajaron menos de seis meses durante su Período Asistencial Obligatorio de seis años. Los facultativos permanecieron con licencia médica más del 90% del tiempo, periodo en el cual realizaron viajes al extranjero y ejercieron labores en otras instituciones públicas y privadas. En uno de los casos, se constató que el 52% de las licencias fueron emitidas por la cónyuge del profesional. El informe también expuso deficiencias administrativas en el Servicio de Salud Arauco, que no logró acreditar el cobro de más de $2.046 millones por concepto de garantías y estipendios de profesionales que incumplieron sus convenios. La auditoría identificó gestiones de cobranza con escaso avance, expedientes archivados y falta de acciones judiciales oportunas para recuperar los recursos públicos comprometidos. Estas falencias estructurales permitieron que los incumplimientos se prolongaran sin una fiscalización efectiva por parte del servicio. Como consecuencia inmediata, el Servicio de Salud Arauco procedió a la destitución de ambos médicos y al inicio de acciones legales para determinar los perjuicios y recuperar los fondos. Los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Fiscalía Local de Lebu para investigar posibles delitos e infracciones a la normativa vigente. La revelación pone en evidencia la vulnerabilidad de los mecanismos de control sobre el cumplimiento de las obligaciones de retribución de los becarios del Estado.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en el fortalecimiento de la fiscalización como mecanismo de control de probidad, donde la Contraloría actúa como un actor clave para exponer la ineficiencia administrativa y el abuso de recursos públicos. El evento expone una tensión entre la autonomía profesional de los médicos y la obligación de retribución al Estado, utilizando el caso para cuestionar la gestión de los servicios de salud regionales. La narrativa se construye desde la indignación pública ante el uso fraudulento de licencias médicas, posicionando al ente fiscalizador como el garante de la ética en el sector público. En este escenario, el Servicio de Salud Arauco pierde legitimidad institucional al quedar expuesto por su incapacidad de gestionar cobros millonarios y supervisar a su personal, mientras que la Contraloría gana capital político al demostrar capacidad de detección de irregularidades. Los médicos involucrados pierden su posición laboral y enfrentan consecuencias penales, mientras que el Estado intenta recuperar recursos mediante una narrativa de mano dura contra el abuso de beneficios públicos. La construcción del relato se divide entre la responsabilidad individual de los facultativos y la negligencia sistémica de la administración pública.